Pandemia, emergencia y Constitución

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de mayo de 2020.- Es claro que entre la Reforma liberal vanguardista de mediados del siglo 19 y el fin del llamado Milagro Mexicano desde mediados y hasta tres cuartos del siglo 20 construimos un estado de legalidad y de bienestar más político que jurídico y económico racional.

Con la irrupción del neoliberalismo a finales del siglo 20 deconstruimos el estado de bienestar y no nos ha sido posible consolidar la refundación del Estado de Derecho Constitucional en el que quepan en equilibrio los derechos individuales y los derechos sociales y colectivos.

De allí que la pandemia tenga como una de sus principales consecuencias en debilitar aún más la estructura social, agudizar la desigualdad y revictimizar a las personas y sectores más vulnerables y desprotegidos que son mayoría.

Además, la pandemia y el cierre de actividades económicas restringe el ejercicio de derechos que hacen que funcionen los mercados de todo tipo, lo cual daña a las clases trabajadoras, pero también a las clases medias.

Es así que los poderes políticos y las instituciones de gobierno se enfrentan a desafíos inéditos y tratan de corregir y compensar contra-reloj los déficits acumulados por ejemplo, en el sector salud.

En condiciones de emergencia los órganos de gobierno y de control y garantía, que son todas las instituciones y los servidores públicos están obligados a mayor vigía y operación en favor de las urgencias y prioridades de la hora.

Es así que se justifica que se reorientan legalmente presupuestos, se asuma la austeridad proporcionalmente, se refuerce la seguridad y se priorice la salud y la vida.

En medio de la emergencia, para ello seguirá siendo clave la coordinación y colaboración entre órdenes e instancias de gobierno y administración, la cooperación internacional y la puesta en práctica de más fórmulas creativas y activas no riesgosas de participación social y ciudadana.

En particular, es muy recomendable mantener la disciplina, orden y buena información en relación con las medidas sanitarias preventivas y los escenarios de la posible y deseable reapertura gradual y protegida.

Sin duda que será mejor perder un poco más todos en alguna medida en los dos meses por venir que arriesgarnos a una recaída catastrófica.

Es no menos relevante que las reformas legislativas y políticas sociales orientadas a paliar las desigualdades y desequilibrios estructurales no se apliquen en contravención sacrificando los principios y reglas vigentes del frágil Estado Constitucional.

De no ser así, la etapa post-pandemia vendrá acompañada de nuevos conflictos políticos que complicarían aún más la consecución del deseado re-equilibrio social.