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CIUDAD DE MÉXICO, 19 de junio de 2017.- Ante el presunto espionaje a periodistas y defensores de los derechos humanos por parte del gobierno federal, revelado este lunes por New York Times (NYT), los afectados presentaron una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Además, han sido solicitadas medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y han sido informados distintos organismos internacionales de protección de derechos humanos.
Este lunes, The New York Times reveló que el gobierno mexicano ha espiado de manera ilegal a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas, que han trabajado temas de corrupción y/o violaciones graves a derechos humanos, entre los que destacan: Ayotzinapa, Tlatlaya, Atenco, Casa Blanca de EPN, Tanhuato, Ley 3 de 3 y Panamá Papers.
En conferencia de prensa, en la que participaron la periodista Carmen Aristegui; Salvador Camarena, director de Mexicanos Contra la Corrupción; Juan Manuel Casanueva, director de SocialTIC; Luis Fernando García, director de R3D; Juan Pardinas, director de IMCO; Mario Patrón, director de Centro ProDH; John-Scott Railton, investigador de Citizen Lab y Ana Ruelas, directora de ARTICLE 19, advirtieron que estos nuevos casos no son aislados sino que apuntan a la existencia de una política de hostigamiento sistemático a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción.
La investigación, recogida por el diario The New York Times, demuestra el uso de malware altamente sofisticado y comercializado exclusivamente a gobiernos, con el objetivo de espiar los teléfonos móviles de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción.
Según reportes del diario, cada licencia de infección tendría un costo alrededor de $77,000.00 dólares americanos (o cerca de un millón cuatrocientos mil pesos provenientes del erario público).
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