Persecución contra Anaya al estilo mexiquense

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de febrero de 2018.- No está en absoluto claro si en efecto existe un delito que deba ser perseguido en el caso de los señalamientos expuestos la semana pasada contra el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, pero en cambio, y después de varios días de golpeteo mediático, sí está muy claro el interés de la Procuraduría General de la República por generar una atmósfera delictiva en torno al ex dirigente del PAN.

El abogado Joaquín Xamán McGregor hizo público hace ocho días el presunto hostigamiento ejercido contra dos de sus clientes, identificados como Alberto “N” y Daniel “N”, desde su perspectiva derivado de la participación que ambos tuvieron en la venta (en 54 millones de pesos) de una nave industrial realizada por una empresa propiedad de la familia de Anaya (Juniserra) al empresario Manuel Barreiro Castañeda.

Para explicar el origen del hostigamiento el abogado dijo que esa venta en realidad fue una triangulación de dinero y que la operación fue ejecutada precisamente por sus dos clientes. De acuerdo con ese relato, Alberto N y Daniel N fueron contratados por Barreiro para ocultar el origen del dinero que se pagaría por la nave industrial, para lo cual utilizaron empresas fantasmas o de fachada desde las cuales se hicieron transferencias y triangulaciones financieras en el sistema financiero de México y de distintas partes del mundo. Xamán McGregor dijo que sus clientes llevaron el dinero a Canadá, Suiza, Gibraltar y una isla del Caribe. En esos lugares crearon empresas y usaron también otras ya establecidas. Todo para que no se supiera de dónde salió el dinero para pagar los 54 millones de pesos. El abogado dijo que la empresa de la familia de Ricardo Anaya compró el lote a una empresa de Barreiro en 10 millones de pesos, y dos años más tarde se la vendió, ya como nave industrial, en los 54 millones.

Según la versión del abogado, esos 54 millones de pesos provino de empresas de Barreiro, se dispersó e hizo un viaje por todo el mundo para finalmente quedar concentrado en una empresa llamada Tesorem, propiedad de Alberto y Daniel N. De Tesorem, los recursos fueron trasladados a otra empresa llamada Manhattan Master Plan Development, la cual fue la que pagó a la empresa de la familia de Anaya.

Asustados por la magnitud del negocio en el que estuvieron involucrados, los clientes del abogado acudieron a la PGR a denunciar los hechos, aparentemente en octubre del año pasado, y a partir de ese momento empezó el hostigamiento, dijo Xamán McGregor, y presumió que tal acoso podía proceder del gobierno federal, de Manuel Barreiro o del candidato panista, Ricardo Anaya. No aportó para ello ningún indicio real de sus señalamientos.

De acuerdo con esa versión, el empresario queretano Manuel Barreiro se coludió con Anaya, primero para venderle el lote y luego para comprárselo más caro una vez que quedó convertido en nave industrial, acuerdo que en calidad de presunción podría implicar el delito de lavado de dinero, de ahí las vueltas que los recursos dieron por el mundo. Si todo lo dicho por el abogado es verdad, entonces Barreiro es por lo menos un empresario taimado. Pero lo que asombra, y despierta suspicacia sobre la veracidad de esta historia, es la oportunidad con la que aparece la denuncia y la rapidez con la que actuó la PGR en este caso, frente a la morosidad que acostumbra y que en estos días queda de manifiesto en los expedientes de ex gobernadores priistas sometidos a proceso por desfalcar los presupuestos de sus estados.

El martes pasado, tras la irrupción pública del abogado Xamán McGregor en defensa de sus dos misteriosos clientes, la PGR confirmó la existencia de la denuncia interpuesta en octubre de 2017 y la investigación que abrió contra Barreiro, a quien acusa ya de encabezar una red de lavado de dinero y contra quien solicitó una alerta migratoria. Sin que el dato esté acreditado oficialmente, con lo anterior se difundió además que el empresario se encuentra en Canadá. La PGR diría también que el empresario no atendió un citatorio que le fue dirigido.

El nombre de Anaya ha aparecido en todas las notas periodísticas como la parte central de esta versión, pero sin que exista un señalamiento concreto en contra suya. Es por esa razón que el candidato panista se presentó ayer en la PGR para entregar un escrito en el que solicita a la dependencia aclarar si en la investigación que realiza al respecto encontró pruebas que lo impliquen en actos indebidos. “Por estar en curso un proceso electoral y porque los mexicanos tienen derecho a conocer la verdad, y yo el derecho de no ser difamado, exijo que con la misma rapidez que emitieron un boletín hace tres días, sin pretextos, informen a los ciudadanos si después de cinco meses de investigación encontraron algún dato de prueba que implique la comisión de alguna conducta indebida de mi parte”, dice Anaya en el documento.

Apenas abandonó Anaya la PGR, la dependencia emitió un comunicado en el que asegura que el candidato presidencial se negó a declarar en torno al caso de Barreiro. “Este 25 de febrero, el candidato presidencial de la coalición México al Frente se presentó en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)”, dice el boletín, y agrega que “se le invitó públicamente, en repetidas ocasiones, a rendir declaración ministerial para lo que a derecho convenga, lo cual fue rechazado por el candidato”.
Ayer mismo, en respuesta a ese comunicado de la PGR, Anaya emitió otro para dar su versión. “Lo que verdaderamente ocurrió es que el día de hoy, cuando voluntariamente me encontraba en las instalaciones de la PGR, después de que recibí sellada la copia de mi escrito, un funcionario me dijo que en caso de desear hacer alguna declaración adicional, él estaba para recibirla. Le respondí con claridad que lo que yo deseaba manifestar estaba contenido en el escrito presentado. Es absolutamente falso que yo me haya negado a dar declaración alguna”.

En ese mismo comunicado, Anaya acusa al titular interino de la PGR, Alberto Elías Beltrán, de permitir que la Procuraduría “sea utilizada como instrumento de golpeteo político en pleno proceso electoral”. Es cierto. No hay ninguna duda de que, al margen de su fundamento jurídico, este caso está siendo utilizado por el gobierno para golpear a Ricardo Anaya con el objetivo de desplazarlo de la segunda posición que mantiene en las encuestas sobre la contienda por la Presidencia. No es nueva esa táctica sucia. Fue empleada el año pasado en las elecciones del Estado de México contra la candidata panista Josefina Vázquez Mota, quien fue acusada de escandalosas irregularidades financieras y al final, cuando sus posibilidades electorales habían desaparecido, la propia PGR dijo que no había nada contra ella. Esa vez la estrategia fue exitosa. Quién sabe si lo será en esta ocasión.

[email protected]
otropaisnoticias.com

Fuente:
Quadratín Guerrero