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Muere Paquita la del Barrio
CIUDAD DE MÉXICO, 27 de junio de 2019. — La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subraya que la persistencia de la práctica de la tortura en nuestro país nos aleja de la consolidación de la institucionalidad y del respeto a la legalidad, mientras ese flagelo se erige como el triunfo de la ilegalidad sobre las leyes; del abuso, la violencia y la intransigencia sobre la institucionalidad y del miedo y el terror sobre el respeto a la dignidad de las personas.
Por medio de un comunicado, la instancia consideró que urge que autoridades y sociedad reconozcan, entiendan y vean de frente el problema. Negarlo o relativizarlo no ayuda a nadie y perjudica a todos.
México cuenta con el entramado institucional y normativo para enfrentar esa deleznable práctica y consolidar su democracia, su Estado de derecho y el reconocimiento y vigencia efectiva de los derechos humanos. Para esta Comisión Nacional, la tortura es una práctica injustificable e inaceptable bajo cualquier supuesto.
No hay un fin que permita ser tolerantes con ella, así como tampoco niveles o rangos aceptables del flagelo.
No es una mal menor ni cuestión que se pueda asumir como inherente a la investigación de los delitos o como producto de una cultura o forma de justicia arraigada en el país.
Tampoco es vía para la justicia o para alcanzar la seguridad, sino delito, abuso de poder que mediante el dolor, miedo, humillación y sometimiento niega la humanidad de quien la sufre y elimina su libertad, su capacidad de decisión y de actuar por sí mismo.
Este Organismo Constitucional Autónomo enfatiza que no debemos esperar a que la tortura se presente para actuar.
Detectar los entornos y condiciones bajo las cuales se posibilita o propicia es una de las claves para su prevención, aspecto al que no se le ha dado la importancia debida.
La tortura puede presentarse en cualquier lugar y momento, ya que es un riesgo latente cuya posibilidad de que se actualice debe reducirse.
La transparencia y la visibilidad de la actuación de la autoridad, la posibilidad real de que los casos que se presenten se denuncien y se evidencie a quienes los cometan, y evitar que en ellos subsista la impunidad son algunas de las medidas que, si se concretan, pueden empezar a marcar un cambio.
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