Persiste pobreza en Taviche, el pueblo de la plata en Oaxaca

OAXACA, Oax. 26 de febrero de 2026.- Tras la caída de la extracción de plata en el municipio de San José del Progreso, que por más de una década fue la quinta más importante del país por el volumen que de ahí sacaba la empresa Fortuna Silver Mine, Oaxaca ha quedado representada en el panorama minero por San Jerónimo Taviche, otro municipio del valle de Ocotlán, con el que San José comparte una característica en común, la riqueza de los minerales, su alto precio y su valoración con el mercado global, no se comparte con los pobladores, que se mantienen con un alto porcentaje en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

El estudio Pobreza en el subsuelo, pobreza en los municipios mineros de México da cuenta de esta situación que se replica en la gran mayoría de las comunidades del país de las que se extrae plata, oro y cobre.

De los 30 principales municipios de los que se extrae plata, 23 superaron el promedio nacional de pobreza. En este grupo se encuentra Taviche, que presentó el mayor porcentaje de habitantes en pobreza, con 92.1%. También fue el municipio platero con mayor pobreza extrema, al registrar 45.5% de su población, seis veces más que el promedio nacional. Eso a pesar de que de su territorio se extrajeron en 2022, año del estudio, 151 mil 330 kilos de plata.

“Es una extracción rapaz, que únicamente beneficia a unos pocos”, explica Beatriz Olivera, investigadora del estudio. La minería, resalta, es una industria que sustenta su actividad en cinco grandes supuestos que no alcanzan a verificarse ni por las estadísticas ni por los pobladores de las comunidades. El primero de esos supuestos planteado por las empresas mineras es que su actividad genera importantes ingresos para el Estado mexicano en forma de impuestos; no obstante, se ha demostrado que solo entre el 0.3% y 2.2% de la recaudación total del gobierno federal proviene de aportaciones de las mineras.

Olivera, maestra en ingeniería industrial, directora de la ONG Engenera, señala que la vía principal para atender la situación de pobreza de los municipios mineros es una reforma fiscal que aumente los montos que entregan las empresas por la extracción.

“Creo que hay manera de revertir esta situación de pobreza, pero no solamente con programas sociales, porque es lo que ha hecho el gobierno.

“Se requiere que cumplan y que paguen lo justo en sus contribuciones fiscales e incluso que paguen más por lo que se llevan, por el valor que tienen estos minerales. Esa discusión está pendiente”, resalta en entrevista.

Oro que no brilla

De acuerdo con el estudio, la minería de oro en México se desarrolla en 80 municipios, pero nueve de cada diez kilogramos de este metal provienen de 24 ayuntamientos localizados en Zacatecas, Sonora, Guerrero, Chihuahua, San Luis Potosí, Oaxaca, Durango, Guanajuato y Estado de México.

De los 24 principales municipios productores de este metal, 14 superaron el promedio nacional de pobreza.

Asimismo, cinco municipios productores de oro tienen niveles críticos de pobreza extrema, superando hasta 3.5 veces el promedio nacional, aun cuando de sus territorios se extrae cerca del 40% de la producción nacional.

De la población de estos municipios, 24% carece de acceso al agua en sus hogares y 12% habita viviendas sin drenaje.

“Los resultados muestran una tendencia general: la mayoría de los principales centros mineros del país redujeron la pobreza entre 2010 y 2020, pero aún se mantienen por encima del promedio nacional”, resalta la investigación.

Sin diálogo

Aunque Olivera considera que la reforma a la Ley Minera que se aprobó en el Congreso de la Unión durante el sexenio del presidente López Obrador implica algunos beneficios para mejorar las condiciones de las comunidades en las que se realiza la extracción de minerales, el gobierno federal ha postergado indefinidamente la publicación del reglamento, sin el cual la legislación es inoperante.

En el proceso de elaboración de dicho reglamento, la Secretaría de Economía federal ha incluido únicamente a los industriales, sin considerar la voz de las comunidades donde se extraen minerales. 

“A las comunidades ni siquiera se les percibe como actores relevantes en esta discusión, quienes adquieren un peso desproporcionado son las empresas mineras porque en la apariencia dan empleo o porque ellos dicen que hay desarrollo local.

“Para el gobierno ellos son los actores fundamentales, los únicos a los que tienen que consultar y es muy peligroso porque la empresa está haciendo sus propias regulaciones, sus propias leyes. Se está autorregulando. Todos los demás sujetos, las personas que viven en los territorios, quienes investigamos sobre esto, quienes están en la defensa de los derechos, los trabajadores, en fin, todos los demás no existen para esta discusión”, señaló.