La posverdad judicial
Perspectivas del movimiento social oaxaqueño
Cipriano Flores Cruz
OAXACA, Oax., 3 de julio de 2016.- Parece evidente que la vía electoral competitiva para la integración de gobiernos acordes a los intereses de la mayoría de la población no ha resultado eficaz ni eficiente en Oaxaca. Los resultados de los gobiernos desde 1995, fecha de inauguración de esta vía, no han sido muy satisfactorio para el conjunto de los oaxaqueños, principalmente los excluidos y los que viven todavía en colonialidad, es decir, los indígenas.
Salvo el gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano que le otorgó un sentido de magnitud histórica a su gobierno, que bajo la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en la montañas del estado de Chiapas, impulsó la autonomía electoral de los pueblos indígenas del Estado, impulso que le dio cierta estabilidad política a estos pueblos desde hace más de 20 años.
Los demás gobernadores que le siguieron, esto es, José Murat, Ulises Ruiz y Gabino Cué, redujeron a sus gobiernos en cuestiones administrativas, en cuestiones de ejecución de políticas públicas, unos mejor que otros, pero que no buscaron la instrumentación de políticas de Estado que trascendiera a sus gobiernos.
A mi parecer, el obligado con mayor énfasis para buscar esta trascendencia era el gobierno de Gabino Cué por haber sido el primer gobierno de la alternancia.
Ante estos gobiernos administrativistas, por llamarles de alguna
manera, la mayoría de la población tiene un doble desencanto: Primero, hacia el gobierno federal encabezado por dos presidentes surgidos del Partido Acción Nacional, que aplican las políticas neoliberales sin atender a las especificidades de la realidad mexicana y oaxaqueña, asimismo, el regreso del Partido Revolucionario Institucional, a través del presidente Enrique Peña Nieto, sigue las mismas directrices de los poderes hegemónicos mundiales, olvidando el origen revolucionario de su partido.
Segundo: Las políticas del llamado “gobierno del Cambio” no fueron lo que esperaba la población, el desencanto fue mayúsculo. La franja más pobre y excluida de esta población buscó en el partido Morena en las elecciones del 5 de junio del 2016, la alternativa más viable, ante este desencanto, sin embargo, la victoria del PRI ahondó la frustración de los que deseaban y desean una alternativa real ante el estado de cosas,
estado que se manifiesta como crisis material y moral. En manos del futuro gobernador está corresponder a estas clases subalternas.
La percepción más normal del oaxaqueño no priísta es, de incertidumbre, falta de certeza en su futuro, de temor ante el arribo de personajes que han demostrado hasta la saciedad su falta de espíritu público, de honradez y falta de virtudes políticas en lo general. Para el oaxaqueño medio, Alejandro Murat es una verdadera incógnita. Más aún para los pueblos indígenas, cerca de 3 millones, que perciben con gran preocupación el arribo de personajes insensibles ante su situación de colonialidad, demostrada por su rechazo a la Reforma Constitucional Indígena propuesta por los propios pueblos indígenas y el pueblo negro.
No hay nada más preocupante para un pueblo que la ausencia de esperanza. En este sentido, la política aparece como una especie de religión, que es bálsamo ante toda situación desesperada de los pueblos. Esta manifestación de la política ha estado ausente en los nuevos gobernantes.
Por lo anterior, los miembros más desesperados de estas clases subalternas no han dudado de ofrecer su apoyo a una organización magisterial, de suyo desprestigiada, como la única alternativa de hacer escuchar su voz que nace de las profundidades del Oaxaca olvidado. Esta franja de la población está nutriendo el movimiento magisterial dándole una nueva naturaleza de Movimiento Social. Parece ser que la dirigencia de la disidencia magisterial de la SNTE, integrada por los representantes de varios estados sureños de la República mexicana, no está entendiendo esta naturaleza del movimiento oaxaqueño y en la negociación con el gobierno federal sólo está poniendo sobre la mesa sus demandas específicas sin tomar en cuenta las demandas más sentidas del pueblo oaxaqueño. Esta situación puede ahondar la frustración de las clases subalternas de la sociedad oaxaqueña, lo que puede significar que las mismas busquen una salida no negociada sino violenta y revolucionaria. La traición de la Sección 22, en el sentido de sólo luchar por sus intereses más inmediatos, tal como sucedió en el 2006, al regresar sin más a clases, es una experiencia que las clases subalternas estarán tomando en cuenta.
En este momento de transición, del término de un gobierno a otro, el movimiento social oaxaqueño tiene la gran oportunidad de plantear una agenda al nuevo gobierno y al gobierno federal en términos del logro de tener una nueva relación con los gobiernos en donde el reclamo de la justicia sea el primer punto. Justicia que debe ser en lo económico, social y político.
No se puede explicar el por qué la Sección XXII no pone sobre la mesa de negociación, además de sus demandas específicas, la demanda de los pueblos y comunidades indígenas concentrada en Reforma Indígena.
Sólo se puede explicar por una ceguera, por su falta de compromiso con los cerca de 3 millones de indígenas oaxaqueños, por su egoísmo ideológico o por su falta de autenticidad popular de su movimiento. La vida de mixtecos de Nochixtlán no puede dejarse de lado en la coyuntura de la negociación.
En la celebración de dos reuniones entre el gobierno y la disidencia magisterial de la SNTE sólo se han planteado temas de interés particular de la disidencia magisterial mientras que las multitudes son de la parte afectada por las políticas impopulares del gobierno de la República, multitudes que están presentes en las diversas formas de expresión del movimiento social oaxaqueño.
Si el movimiento magisterial no acoge las diversas demandas de las expresiones de inconformidad de la sociedad y de las comunidades oaxaqueñas, si las toma como apoyos de su movimiento, sin entender los reclamos de justicia y de ampliación de derechos negados a las diversas clases subalternas, pasará, otra vez, a la historia como un
episodio más de los reclamos de la dirigencia magisterial, que más de las veces son de preservación de privilegios, mientras que el profesorado no puede detener su pauperización.
Si somos justos en la apreciación, la llamada Reforma Administrativa nos es más que una serie de medidas administrativas para que el gobierno recupere el control de los recursos administrativos de la educación en manos de las dirigencias sindicales estatales de la disidencia sindical, recursos públicos que de ninguna manera deben de estar en manos de organizaciones privadas como lo es un sindicato, por más legitimidad que aduzca tener tal sindicato.
Una verdadera reforma educativa tiene que ver primero con un proyecto nacional cuyo contenidos deberá ser motivo de una amplia deliberación entre los mexicanos. Los contenidos de la educación deberán estar acordes con este proyecto de los mexicanos. Sólo desde esta perspectiva estaremos hablando de una verdadera reforma educativa.
Por el bien de Oaxaca, el Movimiento Social Oaxaqueño deberá superar el movimiento magisterial y ampliar derechos de una amplia franja de oaxaqueños a quienes siempre se les ha negado.