Detienen en Chiapas al presunto asesino del padre Marcelo
CIUDAD DE MÉXICO, 12 de noviembre de 2019.- Por el desplazamiento forzado interno de 80 personas de un grupo familiar de 102 integrantes, originarios de los municipios de Saucillo, Delicias y La Cruz, en el estado de Chihuahua, y por violaciones a los derechos de acceso a la justicia y a la verdad por inadecuada procuración de justicia, atribuible a personal ministerial de la Fiscalía General de esa entidad, la CNDH dirigió la Recomendación 94/2019, al Gobernador Javier Corral Jurado; a la Directora General de la Asesoría Jurídica Federal Encargada de Despacho en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Ana Pamela Romero Guerra; al Fiscal General de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, y a la Presidenta y Presidente Municipales de los Ayuntamientos de Saucillo y Delicias, Manuela Aidé López de Anda y Eliseo Compeán Fernández, respectivamente; detalló un comunicado.
De análisis lógico-jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente respectivo, este Organismo Nacional concluyó que las actuaciones de cuatro agentes ministeriales de la Fiscalía Estatal no fueron conducidas hacia el esclarecimiento de los hechos, ni eficientes, toda vez que en cinco carpetas de investigación que a la fecha siguen en integración se omitió recabar pruebas, testimonios y el seguimiento lógico de las líneas de investigación, incumpliendo el estándar de la debida diligencia y plazo razonable, violando con ello los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño de 102 víctimas.
También corroboró que el Gobierno y la Fiscalía estatales y los Ayuntamientos de Saucillo y Delicias violaron el derecho a la libertad de circulación y residencia de 80 personas desplazadas forzadamente, al no garantizar la seguridad pública de los habitantes, ni realizar labores de prevención de delitos y conductas antisociales, así como no auxiliar a las personas de las comunidades victimizadas a causa de la violencia.
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