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CIUDAD DE MÉXICO, 25 de febrero de 2020.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y los titulares de las secretarías en las entidades federativas a cargo de los centros reinserción social tendrán que remitir un informe al Senado de la República sobre las acciones emprendidas para combatir el delito de extorsión que salen de los penales federales y estatales.
El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó un dictamen por el que se exhorta al titular de la SSPC a reforzar en éstos las medidas tendientes a inhibir las comunicaciones indebidas, así como la posesión y el uso de aparatos de telefonía no permitidos al interior de los centros penitenciarios.
La Comisión de Seguridad Pública que preside la senadora Lucía Trasviña alertó en cifras emitidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que de enero a octubre de 2019, a nivel Nacional se registraron siete mil 129 casos de extorsión, de los cuales mil 891 casos provienen del Estado de México, 773 de la Ciudad de México y Jalisco con 670.
Estas cifras del año pasado ya superaron a las de 2018 con seis mil 432 casos de extorsión a nivel nacional, lo cual muestra un evidente incremento en la incidencia de este delito.
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