Fiscalía de EU analiza solicitar pena de muerte para El Mayo Zambada
OAXACA, Oax. 19 de octubre de 2024.- La defensora y abogada amuzga Kenia Hernández cumplió este 18 de octubre cuatro largos años de permanecer injustamente presa, desde que en 2020 fue detenida con lujo de violencia por agentes de la Fiscalía del Estado de México por el supuesto delito de robo con violencia, informó Educa en un comunicado.
Han pasado 1460 días y su caso no ha sido solucionado pese a la promesa del expresidente Andrés Manuel López Obrador de revisar su caso.
Por lo que, desde el penal de Neza Sur, la cuarta prisión en la que Kenia ha estado en estos cuatro años que lleva en la cárcel, la activista pide a la presidenta Claudia Sheinbaum voltear a ver no solo su caso, sino el de todas las mujeres que están injustamente en prisión, sobre todo los casos de las mujeres indígenas.
“No se vale, no es justo que por hacer valer nuestros ideales, por defender el territorio, por defender el medioambiente, por defender la libertad, por defender la justicia, a mí me tengan aquí privada de mi libertad cuatro años sin ver a mis hijos, cuatro años sin que yo pueda abrazarlos todos los días”, dice con la voz entrecortada Kenia Hernández, en entrevista telefónica con Animal Político.
A pesar de que tres relatorías de la ONU han exigido su libertad inmediata, y que otros organizamos de derechos humanos han señalado la gravedad y violación a sus derechos humanos y la certeza de que la activista es una presa política, la justicia aun no llega. En ese sentido cientos de organizaciones y activistas señalaron en un pronunciamiento lanzado por el Centro de derechos Humanos Zeferino Ladrillero, “apelamos a la nueva presidenta de la Republica y al Gobierno Federal entrante a retomar la atención en el asunto y a la pronta liberación de la defensora”.
Exigieron que se salde la deuda histórica que hay con Kenia, además de garantizar su seguridad e integridad física y psicológica, pidieron poner fin inmediato a la política de criminalización en contra de las personas defensoras de derechos humanos en México, principalmente las mujeres defensoras indígenas.
Por su parte el abogado Antonio Lara Duque, del CDH Zeferino Ladrillero y acompañante legal del caso, expuso esta semana un fragmento de un video de una audiencia, donde representantes de Caminos y Puentes Federales (Capufe), la dependencia que la acusa, celebra la condena en contra de la activista, afirmando que esta sanción podrá inhibir esta clase de protestas, que ya se estaban replicando en diversos estados, y que atentan, así sea de forma insignificante, contra las finanzas de las millonarias corporaciones que hay detrás de las concesiones carreteras.