¿Podrido el poder judicial?

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Por primera vez, porque así lo establece la nueva reforma judicial, en marcha las campañas de tres mil 442 juristas, lo que nunca antes se había hecho para competir por un lugar en el poder judicial.
Durante 60 días, del 30 de marzo al 28 de mayo, candidatas y candidatos a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras, seguirán reglas establecidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para darse a conocer y tratar de obtener el mayor número de votos.
Actividad nueva para ellos y ellas, con topes de campaña y promoción restringida en medios.
Los ciudadanos y ciudadanas que irían a votar el 1 de junio, tampoco la tienen fácil, porque deberán de hacer un esfuerzo extra para conocer la trayectoria de competidoras y competidores, a fin de emitir un voto razonado y escoger a los y las mejores.
Ya hay medios que se están ocupando en exhibir debilidades y fortalezas de los aspirantes, el perfil de cada uno, grados académicos y trabajos realizados.
En camino la renovación de un poder judicial que nunca fue capaz, por su cuenta, de sanear y corregir defectos. Poco o nada hizo por cerrarle el paso a la corrupción y nepotismo, toleró el favoritismo y la parcialidad en resoluciones.

No se ha significado por su independencia, ha sido obsequioso con poderosos e influyentes, con los que tienen dinero.
Hay que admitir que no todas las manzanas están podridas, sin duda tiene gente muy valiosa que ha cumplido y cumple con su responsabilidad, con apego a la ley.
Empleados con vocación de servicio, con ética. Estrictos con sus deberes y lo que marca la ley. Testigos de lo que han hecho sus jefes, bueno o malo, a favor o en contra de la justicia.
Se supone que todas y todos han estado y están vigilados por el Consejo de la Judicatura Federal ahora en proceso de extinción para ser sustituido por el Tribunal de Disciplina Judicial. El CJF se caracterizó más por la simulación, juez y parte porque quien ha presidido este órgano también ha presidido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para nadie es un secreto en el andamiaje judicial la importancia de secretarios y secretarias de acuerdos, que, sin estar al frente de juzgados o tribunales, ejercen la ética que debería caracterizar a sus jefes.
Por ejemplo:
La secretaria de acuerdos María del Pilar Argueta González, del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, en funciones de jueza (lo permite la ley ante la ausencia del titular), con el cuidado debido, después de dos resoluciones de inocencia y el tiempo cumplido para recibir apelaciones, dio por concluida la causa penal 103/2012-II.
Con fecha del 15 de diciembre de 2016 emitió el siguiente acuerdo:
“En consecuencia, con sustento en la última parte, párrafo primero del artículo 102 de la legislación procesal aplicable, se declara que dicho fallo es irrevocable y por ende, ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar”.
Previamente, con fecha del 28 de septiembre de 2016, dio cuenta de las notificaciones y el plazo concedido para impugnar las resoluciones a favor de quien había sido declarado inocente.
Con lo que no contaba la secretaria de acuerdos y el afectado en el proceso penal es que el magistrado Jorge Fermín Rivera torcería la ley, sin respetar el principio de definitividad, para reabrirlo a cambio de beneficios para su pensión. A la semana siguiente, se jubiló y nadie se ocupó en revisar su actuación.
De cualquier manera, es indiscutible que el desempeño de la jurista Pilar Argueta confirma que no todo está podrido en el poder judicial.
Seguro, como ella, otros y otras trabajan y cumplen con discreción.
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