Llora, el país amado…
La información del gobierno de que los periodistas independientes serán beneficiarios de programa de salud y seguridad social, en el que se invertirá el 25 por ciento de la publicidad anual, obliga a preguntar ¿que se hará con los miles de trabajadores que carecen de seguridad social en el país? Y si con ello el gobierno no está asumiendo con el dinero público las obligaciones de empresas omisas o irresponsables. Los independientes venden sus trabajos a esas empresas o los venden al público a través de redes y medios escritos. Se ha creado un comité especial para hacer el censo de los que serán beneficiados, integrado por los periodistas José Reveles, Enrique Galván, Fernanda Tapia, Raúl Villalpando y Nancy Flores. De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de Desarrollo Social (CONEVAL) el sector sin seguridad social podría abarcar al 60 por ciento de la población nacional. Es loable que desde el régimen se interesen por un sector que coincidentemente tiene una relación estrecha para bien o para mal, con el gobierno, pero hay una omisión permanente en sectores amplios de la población respecto a los cuales no se ha creado programa alguno. Se puede entender el programa Bienestar de adultos mayores que favorece a 12 millones de personas. Y el programa de becas a jóvenes en edad de estudiar. También el sistema para discapacitados y otros sectores. Es en cierta manera el uso de esos recursos públicos, un auxilio, a veces un paliativo para quienes no tuvieron seguridad social ni pensión o ésta es raquítica. En este último caso están las pensiones universales del IMSS que son ínfimas y se extienden a casi 4 millones y medio de jubilados.
SE PRETENDE DAR SEGURIDAD SOCIAL A PERIODISTAS INDEPENDIENTES
De los más de 40 mil trabajadores que ejercen el oficio periodístico, alrededor de la tercera parte lo hacen de manera independiente a partir de proyectos propios, de venta de materiales, de free lance. Son reporteros, fotógrafos, camarógrafos o columnistas. Las empresas les pagan como colaboradores. Otros son en esencia pequeños empresarios que venden sus servicios, algunos en redes a través de programas con publicidad o reciben aportes del público. Todos tienen algunos ingresos y pueden inscribirse directamente al IMSS. Crear un programa especial para periodistas independientes con dinero público, amerita una explicación clara del gobierno actual. Las leyes sobre inserción en la seguridad social si son claras. El trabajador independiente puede registrarse por si mismo y pagar una cuota, como lo hacen los trabajadores que trabajan para una empresa. El dinero proviene de la venta de sus servicios, que es el mismo caso de los contratados que venden también su trabajo. Los trabajadores contratados tienen bajos salarios, con excepciones de casos de columnistas o trabajadores que les hacen servicios especiales a las empresas a partir de sus posturas políticas. Los ejemplos los vemos a diario en periodistas que se venden. Ellos no entran en este caso. Son la prensa vendida como les dice Rafael Rodríguez Castañeda ex director de Proceso. El problema son los periodistas que venden su trabajo en forma independiente; éstos pueden designar una cantidad mensual para la seguridad social, como lo hacen muchos trabajadores desempleados que ya están inscritos en el IMSS y quieren seguir cotizando.
MUCHOS SECTORES DE TRABAJO DIARIO, NO ALCANZAN SEGURIDAD SOCIAL
INEGI estuvo informando durante la pandemia el porcentaje de trabajadores que había descendido de la PEA. En el mes de abril pasado el porcentaje se había robustecido en más del 59 por ciento, pero la pérdida implica trabajadores sin seguridad social. CONEVAL se refiere a sectores que carecen de ella, de la construcción, albañiles, vendedores ambulantes, empleados informales, de alimentos, etcétera y en el campo toda la extensión, agricultores guardabosques, silvicultores, también etcétera. Las que se consideran actividades no esenciales carecen de seguridad social. En ese sentido como lo recalca el consejo al hablar de 60 por ciento sin seguridad social, el gobierno no tiene porqué invertir dinero publico en el sector periodístico si no se cumplen todos los requerimientos de otros trabajadores, porque se vería como un chayote disfrazado.
EL GOBIERNO DEBE INVESTIGAR EMPRESAS DE LA COMUNICACIÓN
Sobre los que si tienen o tuvieron seguridad social y están jubilados, el gobierno ya que anda en el medio periodístico, debería de investigar salarios, seguridad social, seguridad en el ejercicio de la profesión y otros derechos a los que están obligadas las empresas. Los altos ingresos que esas empresas recibían en anteriores gobiernos no repercutían en salarios ni en seguridad general. Con la suspensión de parte de esa publicidad, ha habido despidos y disminución de puestos. Un estímulo a empresas medias de la comunicación sin comprometer dinero público como antes, puede incentivar empleos sobre todo en periodistas independientes. Eso si puede hacerlo el gobierno y hará un gran servicio al medio periodístico del país.