Prensa: no más lágrimas sino romper complicidades del Estado

Indicador Político

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de mayo de 2017.- De nueva cuenta, como viene ocurriendo desde 1984 en que la complicidad narco-policías asesinó al columnista Manuel Buendía, de Excelsior, los periodistas salen a la calle a gritar justicia, pero se encuentran con una estructura política-judicial-penal más articulada al crimen organizado que a la sociedad.

Por ello es que los periodistas debieran dar un paso adelante en sus exigencias, abandonar la mera protesta y meterse como sociedad organizada en la estructura del poder del Estado y de los gobiernos. La opción es poca: esperar a que las estructuras oficiales aclaren y castiguen a los responsables de agresiones y asesinatos de periodistas o participar en las investigaciones.

De ahí que existan, cuando menos, seis propuestas concretas para presionar las investigaciones; los asesinatos de periodistas han sido demasiado gravosas como para dejarlas en manos de los políticos:

1.- Conformar grupos de investigación que participen como coadyuvantes de las oficinas de investigación judicial de los gobiernos estatales y federal, contando con la asesoría de abogados solidarios con los periodistas.

2.- Exigir al gobierno federal la creación de una Comisión Nacional de Defensa de los Periodistas –similar a la CNDH– para funcionar como oficina de desahogo penal de agresiones contra periodistas; debe ser un organismo del Estado pero sin intervención federal. Esta oficina deberá articularse a organismos internacionales de derechos humanos. Una especie de Comité de Defensa de Periodistas pero oficial.

3.- Reformar la ley para incluir la sentencia de prisión perpetua contra asesinos de periodistas y elevar castigos a quienes agredan o lastimen a comunicadores. El delito de secuestro tiene cadena perpetua en algunos estados.

4.- Castigos más severos, por ley, a funcionarios que amenacen a periodistas, a partir de la investigación de Artículo 19 de que el 50% de agresiones contra periodistas han sido por funcionarios de los sectores público y político.

5.- Redacción de una Ley de Libertad de Prensa que garantice el trabajo de los periodistas, porque hasta la fecha todas las reformas han sido coercitivas. La vigente pero incumplida Ley de Imprenta en realidad tiene el nombre oficial de “Ley de Delitos de Imprenta”. La base de la nueva ley podría ser el decreto de Libertad Política de la Imprenta del 10 de noviembre de 1810 aprobada por las Cortes de Cádiz, que partió de la prensa como contrapeso, educación cultural y formación de opinión pública.

6.- Reorganización de la Fiscalía Especial de la PGR para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, hasta ahora pasiva ante las demandas presentadas. El problema no es la impunidad de los que amenazan o asesinan periodistas sino la complicidad de las oficinas políticas, de seguridad, penales y de justicia que incumplen con la obligación legal de investigar y exigir sanciones contra los que atentan contra la libertad de expresión.

Hasta ahora, el compromiso gubernamental se agota en la atención a posteriori de los periodistas agredidos; puede parecer hasta humor negro otorgar a los periodistas chalecos antibalas, escoltas y cascos, en lugar de castigar con severidad a los que atentan contra los periodistas con leyes, castigos y arrestos más severos. Una ley que condene a prisión perpetua a asesinos de periodistas puede inhibir ataques posteriores.

Las marchas y los gritos ayudan porque ponen nerviosos a los funcionarios, pero hay que obligarlos a reformar leyes y protocolos para proteger a periodistas en su labor cotidiana. Al poder le conviene una prensa temerosa que se autocensura por miedo.

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