Presidenta: sí se puede hacer algo con la Colección Gelman

La discusión en torno a la Colección Gelman no es sólo jurídica. También es una discusión de memoria, de conservación y de dignidad cultural. Y ahora, además, ya es una discusión pública porque la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que las autoridades culturales “van a cumplir con la ley y van a defender el patrimonio artístico”, y ha reiterado que la colección regresará a México en 2028.

Tomemos esa frase en serio. Porque si de verdad se va a defender el patrimonio, entonces la pregunta ya no es si el tema debe importarnos, sino qué sí puede hacer el gobierno aun tratándose de una colección privada. La respuesta, dicho sin rodeos, es: sí puede hacer varias cosas.

La propiedad privada no vuelve intocable una colección cuando está de por medio el interés cultural del país. La ley mexicana prevé controles de exportación para monumentos artísticos, y también prevé, en casos extremos, la expropiación por utilidad pública para conservar objetos de arte y bienes notables de nuestra cultura nacional.

El antecedente más claro está en Remedios Varo. En 2001, el Estado, por cierto, un Estado Neoliberal, declaró monumentos artísticos 38 obras ligadas al Museo de Arte Moderno y dejó prohibida su exportación definitiva. Después, en 2002, la Beneficencia Pública cedió derechos al INBA y Walter Gruen con Anna Alexandra Varsoviano donaron las piezas, que quedaron bajo resguardo del MAM. Es decir, no se optó por la pasividad ni por el “ya veremos”: se protegió el conjunto y luego se le dio casa en México.

Ése es el punto que hoy conviene subrayar. Si en ese entonces el Estado pudo intervenir para que un conjunto mayor de Remedios Varo no quedara a la deriva, también hoy podría intervenir para que la Gelman no se vuelva una colección errante, prestada por años, envuelta en promesas de regreso y cada vez más lejos de la mirada cotidiana del público mexicano. No estamos hablando de una fantasía. Estamos hablando de una decisión política respaldada por herramientas reales.

Además, hay una razón de sentido común que a veces se olvida entre tanto boletín: los cuadros se dañan con los traslados. Una pintura importante no es una maleta. Cada embalaje, cada manipulación, cada viaje, cada cambio de humedad, temperatura o vibración deja una tensión sobre la obra. Los especialistas en conservación advierten que el tránsito puede provocar grietas, levantamientos y otros daños acumulativos; incluso el reglamento mexicano prohíbe la exportación temporal de monumentos cuando su integridad pueda afectarse por el transporte o por cambiar las condiciones en que se encuentran.

Por eso tanta gente ha alzado la voz. Porque dejar ir una colección así sería, en el fondo, aceptar una lógica absurda: como si México tuviera que mandar al extranjero una parte de su tesoro para que allá “también la disfruten”. Llevado al extremo, sería como exportar pirámides para promover nuestra cultura. Y no: la lógica de un país con amor propio es la contraria. Lo que debe hacerse es fomentar el turismo cultural, cuidar aquí las obras y hacer que el mundo venga a México a verlas, como millones viajan a París para conocer la Gioconda en el Louvre. Ese es el verdadero prestigio de una nación cultural: no andar repartiendo su corazón, sino conservarlo con inteligencia.

Entonces, Presidenta, si la pregunta es si se puede hacer algo con la Colección Gelman a pesar de que ésta sea una colección privada, la respuesta es sí.

Se puede, primero, transparentar por completo el convenio: inventario, plazos, sedes, condiciones de retorno, revisiones de conservación y responsabilidades. Si un asunto toca fibras tan hondas del patrimonio, no puede manejarse entre frases generales.  La transparencia también protege.

Se puede, segundo, negar cualquier salida que rebasa la temporalidad estricta o cualquier autorización que comprometa la integridad de las piezas. El propio reglamento da ese margen cuando el transporte puede afectarlas. Y en obras como las de Frida Kahlo, el régimen especial es todavía más severo: su declaratoria prohíbe la exportación, salvo salidas temporales bajo control institucional.

Se puede, tercero, abrir una negociación para compra pública, total o por núcleos, con apoyo del Estado, patronatos, banca de desarrollo, donantes privados y estímulos fiscales. Así actúan otros países cuando consideran que una obra pertenece a su memoria profunda: frenan la salida y reúnen recursos para que se quede en una colección pública. El Reino Unido, por ejemplo, suspende licencias de exportación para dar tiempo a que un museo nacional compre ciertas piezas “for the nation”.

Y se puede, por último, si de verdad hubiera riesgo de pérdida patrimonial y fallaran las demás rutas, invocar la utilidad pública. No como amenaza vacía ni como gesto estridente, sino como una facultad prevista por la ley para conservar objetos de arte y bienes característicos de la cultura nacional. Es una vía dura, sin duda, pero existe. Decir que “no se puede hacer nada porque es privado” simplemente no es cierto.

Lo que el caso Remedios Varo nos enseñó es muy simple: cuando el Estado quiere, pasa de espectador a custodio. Y eso es justamente lo que hoy muchos quisieran escuchar, no sólo como promesa de regreso en 2028, sino como una política clara de resguardo. Porque el patrimonio no se defiende sólo esperando que vuelva. También se defiende evitando que tenga que irse.