Presidente fuerte y gobierno transformador

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de enero de 2020.- El día de hoy dos reputados analistas presentaron sus posturas encontradas sobre la estrategia que debería seguir el gobierno del presidente López Obrador.

Pata Luis Rubio, en el periódico Reforma, reponer el modelo clásico presidencialista mexicano y lo que se conoció como el desarrollo estabilizador en los años 50 y 60 del siglo 20 es un despropósito dado que las condiciones históricas son irrepetibles.

Para Lorenzo Meyer, en El Universal, la estrategia correcta es mexicanizar a México con lo que quiere decir que los intereses de los mexicanos deben prevalecer mediante un gobierno fuerte, no autoritario, que intervenga en la economía mediante fórmulas creativas para romper las brechas de desigualdad social entre sectores y regiones del país.

Si para Rubio el libre comercio y la globalización han reforzado una sociedad de mercado imposible de desmontar, para Meyer el recién aprobado nuevo T-MEC no debería agotar las estrategia económica del país sino más bien servir de palanca para su propio desarrollo.

Desde mi punto de vista es verdad que las condiciones históricas han cambiado pero también lo es que diversos gobiernos, incluido el de los Estados Unidos, están practicando estrategias pragmáticas que combinan elementos de varios modelos –librecambistas y proteccionistas– según el sector de la economía y la sociedad de que se trate.

En el caso mexicano, coincido con Rubio en que el mercado ha ganado mucho espacio y sabemos que produce la mayor parte de la riqueza nacional, pero también lo es que el Estado y las formas empresariales asociativas y cooperativas pueden y deben incidir en ella con mayor energía puesto que sus fines son distintos a los empresarios privados.

En particular, luego de cuatro décadas de políticas económicas y de gobierno liberales pro- mercado, la explosión demográfica más explosiva de la historia nacional y la profundización de la desigualdad más marcada de que se tenga registro –con todo y la expansión de una frágil clase media– es tiempo de que el Estado retome su papel de mediador y redistribuidor de recursos para corregir tan graves disfunciones.

De allí que la presidencialización del sistema político signifique un método adecuado para reconcentrar autoridad y reordenar las relaciones políticas asignando papeles más definidos a los actores principales, por ejemplo, expresidentes de la república, ex gobernadores y gobernadores, secretarios de estado y líderes prominentes, a los que la transición democrática y las alternancias descolocan y dejaron casi que al libre juego de las fuerzas del mercado político.

En un sistema presidencial de gobierno el presidente debe orientar de manera efectiva el rumbo del país y no ocupar un poder que no se puede ejercer, como ocurrió en sexenios anteriores al actual.

Los poderes ejecutivos locales deben cumplir con su electorado y ejercer el gobierno, a la vez que armonizar y propulsar las políticas del gobierno federal que les resulten compatibles y favorables a su propio mandato y sean benéficas para la población.

Los servidores públicos deben garantizar la integridad de su desempeño y fortalecer la legitimidad de los gobiernos para que estos intervengan de manera pragmática en la satisfacción de los derechos individuales y sociales de los habitantes del país, sus pueblos y comunidades.

En pocas palabras, las posturas de Rubio y Meyer no son incompatibles. El libre mercado requiere regulación, prevención y compensación de las desigualdades que genera.

Gobiernos presidenciales y gobernadores fuertes y legítimos deberían concentrar facultades formales e informales, no autoritarias, para orientar de manera efectiva el destino de las sociedades que conducen.