Presupuesto educativo michoacano: todos mienten

MICHOACÁN, 28 de septiembre de 2020.- La situación de las finanzas educativas michoacanas está fuera de control y los augurios son pésimos, dadas las circunstancias actuales y su historia reciente.

Ante la falta de al menos 2 mil 472 millones de pesos para cerrar el ejercicio anual 2020 en materia educativa en la entidad, el gobierno del estado ha iniciado a presionar mediáticamente al gobierno federal para que le suministre los recursos, toda vez que la línea de negociación que endeblemente se había entablado para supuestamente construir una solución estructural para los problemas financieros de la educación michoacana parece estar rota desde hace varios meses.

Prueba de ello es la abortada federalización de la nómina educativa michoacana, lo cual terminó siendo un simple convenio que no garantiza recursos adicionales para la entidad, siendo en cambio un mecanismo de fiscalización para vigilar que se pague la nómina magisterial por parte de las autoridades locales, pero ni siquiera eso entró en vigor.

Pocos meses después, se retornó con más pena que gloria al emisario federal que ocupó la Subsecretaría de Educación Básica sin acertar a resolver un solo problema que se encontraba sobre su escritorio, para dar paso a un reafianzamiento del gobierno del estado en la toma de control de los cargos de estructura. Es decir, nos encontramos como a finales de 2018 o de 2019, sin recursos ni líneas de comunicación efectivas que posibiliten la coordinación entre órdenes de gobierno para resolver la situación.

Sabedores de la situación, los líderes de los trabajadores que poseen una o más de las 32 mil claves estatales, así como los aspirantes a contar con plazas automáticas han emprendido una fuerte ofensiva para forzar a las autoridades a solucionar las carencias que ya impactan a sus bolsillos.

Específicamente, las presiones de parte del movimiento normalista y de Poder de Base, fracción roja de la Sección 18 de la CNTE hacia la autoridad para que sus respectivos pliegos petitorios sean cumplidos a satisfacción han encendido alarmas a nivel nacional, por las implicaciones que tiene cerrar las vías del tren, concesionadas federalmente a una empresa extranjera. Los industriales estatales también siguen protestando por las pérdidas que esto les acarrea, por lo cual está configurado el escenario de presión hacia la autoridad, la cual se intenta sacudir el yugo empleando la fuerza pública, toda vez que la mayoría de las acciones que se realizan para forzar una solución favorable por parte de quienes protestan pueden ser cualificadas como ilegales.

Sin embargo, al estar a la vuelta del calendario el proceso electoral, ni el gobierno federal ni el estatal desean cargar con el estigma de ser los represores, de quedar ante los ojos de la sociedad como victimarios, máxime que políticamente tanto MORENA como el PRD se aducen pertenecer a la izquierda, lo cual les obliga moralmente a estar a favor de las reivindicaciones sociales y en contra del uso de la fuerza pública para acallar a quienes exigen sus derechos.

Más aún, en el caso en el que se pudiera otorgar la multimillonaria suma de recursos requerida, queda la enorme duda de si ello les resulta rentable políticamente a todos los actores intervinientes, ya que ese dinero será festinado por parte de las cúpulas de quienes protestan, elevando su capital político, el cual pudiera ser usado para la movilización político-electoral en contra de quienes ellos deseen. Seguramente, tanto el gobierno federal como el estatal tratarán de evitar “pagar para que les peguen”. Estas y muchas consideraciones más están gravitando entre los tomadores de decisiones por encima del interés superior de la niñez y juventud de contar con maestros pagados en tiempo y forma que garanticen su derecho a aprender.

Justo es en ese caldo de cultivo en el que no se acierta a dar con la solución, la cual a simple vista se puede reducir a dinero, pero que también implica una transformación de fondo a las condiciones del sistema educativo estatal, de la manera de hacer política, de las condiciones laborales de los maestros, del estilo de sindicalismo corporativista que aun prevalece en Michoacán y por supuesto, de las precarias condiciones de la infraestructura, equipamiento y conectividad que hacen de nuestra entidad uno de los peores lugares en la nación para ejercer el derecho a aprender para la niñez y la juventud.

En suma, seguimos en la misma discusión de hace dos años, sin avances y con amenazas fortísimas contra el derecho a aprender de los estudiantes michoacanos. Pero por las propias circunstancias que prevalecen en la entidad y la acotación de lo presencial propio de la pandemia en que vivimos, los dueños visibles e invisibles de la situación ya asomaron sus rostros. Todos ellos, invariablemente, en aras de alcanzar sus objetivos ajenos al derecho a aprender, muestran medias verdades y discursan mentiras completas.

Sí, es el gobierno federal, también el estatal, pero también son varias fracciones sindicales, quienes por acción, reacción u omisión gravitan en torno al problema financiero. Sí, los actores en torno a los intereses en disputa están en Palacio Nacional y en Casa de Gobierno, pero también en San Lázaro, en el Congreso Local y en las sedes de los partidos políticos, están en las escuelas normales y en los sindicatos; pero también en Arteaga, en Caltzontzin y en Tiripetío.

Izquierdas y derechas, empresarios y políticos, líderes sociales y sindicales, delincuencia organizada y de cuello blanco siempre terminan poniéndose de acuerdo al repartirse el enorme pastel que para ellos constituyen los recursos financieros de la educación michoacana. Son muchos los intereses confluyentes y la discordia continuará mientras los recursos que demandan los maestros y normalistas no lleguen, ya que les han sido largamente prometidos sin que se les cumpla.

Lo más preocupante es que en este conflicto no está representado el interés superior de la niñez y juventud michoacana por ejercer su constitucional derecho a aprender, por lo cual, además de la consecuente pérdida de clases que están sufriendo ante el abandono de los maestros que participan en las protestas, seguramente los recursos que deberían estar destinados a su educación constituirán la moneda de cambio a disputarse durante las mesas de negociación que se entablen entre las autoridades gubernamentales, los normalistas y la CNTE. Todo apunta a una eventual derrota sistémica más, como las que se han acumulado durante un cuarto de siglo que lleva este estilo de resolución de conflictos en el sector educativo, los cuales implican movilización, negociación y repliegue.

Es en ese escenario de conflicto donde sobreviene la sorprendente confesión que realizó el gobernador del estado respecto al mecanismo de pago para Michoacán, el cual se opera a través de la partida presupuestal U-080, que se ha convertido en el Lecumberri de las finanzas educativas estatales. Mucho de lo más sórdido en materia de transparencia en el ejercicio del gasto público educativo ocurre y se opera a través suyo.

Observaciones multimillonarias y enorme opacidad ya se han documentado en el periodo 2014-2019, ya que supuestamente se dejó a la citada partida sin techo presupuestal para el ejercicio 2020. La resurrección de esta manera de fondear por vía rápida a los focos rojos en materia educativa en la nación destaca por todas las implicaciones que tiene para el gasto educativo y para todas las acusaciones mutuas que hay en materia financiera.

Sin duda, aún tiene mucho por delante este conflicto, pero dadas las circunstancias la situación apunta a que se sabrá buena parte de la verdad de una vez por todas, en torno al verdadero origen, destino, ejercicio y comprobación del presupuesto educativo michoacano.

El escalamiento de la situación a las conferencias matutinas de AMLO tiene muy amplias implicaciones; pero, sobre todo, que habrá foco en las finanzas educativas locales, con lo que se irán desprendiendo icebergs de información que posibilitarán conocer lo que realmente ha estado sucediendo durante años.

Las vías del tren parecen ser el mecanismo idóneo de negociación para cualquier tema, el poder de picaporte que sí enlaza cual tren bala el Palacio Nacional y la Casa de Gobierno michoacana. Análogamente, también se convertirá en una autopista para la información relativa al verdadero estado de las finanzas educativas estatales.

No pasa desapercibido que, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 está en tránsito y por ahí puede venir una sorpresa que ilustre cuáles serán las válvulas de escape que se diseñen para la situación estatal. Paralelamente, estaremos en pocos días conociendo el V Informe de Gobierno de la actual administración pública estatal, en donde se dilucidará en alguna medida cuál ha sido el ejercicio del gasto educativo, en plena pandemia.

Quedan muchas dudas locales, mientras se resuelve el enorme boquete que no se reconoció sino hasta septiembre, por ejemplo, ¿cómo se ejerció realmente el gasto educativo en medio año de pandemia?, toda vez que se supone disminuyeron enormemente los gastos operativos. También, el cuestionamiento sobre si la Secretaría de Educación en el Estado se convertirá en dependencia de caridad y  beneficencia, ya que a pesar de que tienen miles de computadoras y recursos invertidos en equipo de cómputo embodegado, lanzan una campaña de recaudación de basura electrónica para donarla a su vez a estudiantes en situación de pobreza, de lo cual no se ha rendido cuentas del avance, ni de los mecanismos de comprobación de lo recaudado.

En fin, pareciera que en materia educativa hoy nos encontramos literalmente, con una mano atrás y otra adelante, pero negándonos a rendir cuentas de la verdadera situación que guarda el sistema educativo estatal. Así será prácticamente imposible convencer a la Federación de que se depositen los miles de millones de pesos necesarios, máxime que están presentes las consideraciones político-electorales que ya se mencionaron arriba.

Pero para los michoacanos queda la pregunta: ¿Habrá auténticas posibilidades de resolver estructuralmente la situación? ¿O todo terminará con el paso de los meses? ¿Una vez más habrá subpresupuestación en el Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán 2021? ¿Habrá adelanto de participaciones federales en 2021? ¿Todo seguirá como la inercia de muchos años lo manifiesta? ¿Seguirá siendo la educación michoacana la caja grande del manejo discrecional de recursos? Eso pronto lo sabremos. Por ahora, sabemos que todos los actores involucrados esconden manos y cartas bajo la mesa. Todos dicen medias verdades en aras de fortalecer sus posiciones e intereses, olvidándose del derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Michoacán. 

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