Presupuesto y coordinación, necesarios para reforzar 8 de 8: IEEPCO

OAXACA, Oax. 12 de agosto de 2026.- Presupuesto, personal suficiente y coordinación entre autoridades y partidos políticos serán necesarios para reforzar la aplicación de la 8 de 8 contra la violencia durante el proceso electoral de 2027, consideró la presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Elizabeth Sánchez González.

En entrevista con Quadratín, señaló que es necesario abrir un diálogo con el Congreso de Oaxaca para analizar las condiciones en que deberá operar este mecanismo y confirmó que ya solicitó una audiencia con las legisladoras para abordar el tema.

La consejera presidenta explicó que el IEEPCO deberá revisar más de 10 mil registros durante el proceso electoral, mientras que actualmente la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación cuenta con tres personas y las áreas de lo Contencioso Electoral y Jurídica tienen alrededor de 15.

“También necesitamos fortalecer las áreas del instituto para el proceso electoral”, señaló al considerar importante que esta necesidad sea tomada en cuenta por el Congreso cuando corresponda analizar el presupuesto del órgano electoral.

El IEEPCO se encuentra actualmente en la construcción de su proyecto presupuestal, que deberá presentar en octubre, por lo que todavía no se ha determinado el monto que solicitará para el próximo ejercicio.

Las declaraciones de Sánchez González se producen después de que el Congreso de Oaxaca exhortó a las autoridades electorales a emitir lineamientos para garantizar el cumplimiento de la denominada 8 de 8 contra la violencia de cara al proceso electoral 2026-2027.

La presidenta aclaró que el IEEPCO ya cuenta con un procedimiento para realizar esta verificación y lo aplicó durante el proceso electoral local 2023-2024 mediante el acuerdo IEEPCO-CG-18/2024.

La 8 de 8 busca impedir que accedan a una candidatura personas que cuenten con sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales; contra el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar; violencia familiar equiparada o doméstica; violación a la intimidad sexual; violencia política contra las mujeres en razón de género, o que hayan sido declaradas deudoras alimentarias morosas.

Sánchez González explicó que el procedimiento no consiste solamente en solicitar una declaración a quienes aspiran a una candidatura, sino en verificar la información antes de aprobar los registros.

Para ello, el IEEPCO mantiene convenios con el Tribunal Superior de Justicia y con el Registro Civil que permiten intercambiar información relacionada con sentencias firmes y determinar si alguna de las personas postuladas se encuentra dentro de estos supuestos.

Cuando durante la revisión se localiza información que pudiera impedir el registro de una persona, el instituto le concede garantía de audiencia durante tres días para que manifieste lo que a su derecho corresponda.

Si después de ese procedimiento subsiste la causa de inelegibilidad, el partido político o coalición tiene 48 horas para sustituir a la persona candidata o pierde el derecho al registro de esa candidatura.

La presidenta del IEEPCO consideró que el cumplimiento de la 8 de 8 constituye una responsabilidad compartida y no puede recaer únicamente en la autoridad electoral.

Explicó que corresponde al instituto establecer y aplicar los mecanismos de verificación, pero los partidos políticos también tienen la responsabilidad de no postular desde un principio a personas que se encuentren en alguno de estos supuestos.

A ello se suma la participación de las instituciones que poseen la información necesaria para las verificaciones, debido a que el IEEPCO depende también de la respuesta y coordinación con otras autoridades para revisar miles de registros dentro de los tiempos establecidos por el calendario electoral.

Sánchez González sostuvo que precisamente por ello resulta necesario sentarse con el Congreso, particularmente con las legisladoras involucradas en el tema, para analizar cómo fortalecer la operación del mecanismo.

“Creo que es una responsabilidad compartida”, expresó al señalar que todas las instituciones tienen obligaciones dentro de sus respectivas competencias para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres.

La consejera presidenta también se refirió a la violencia política contra las mujeres que ocurre mediante redes sociales, otro de los aspectos que deberán atenderse durante el próximo proceso electoral.

Reconoció que hasta el momento el IEEPCO no mantiene una coordinación específica con la Policía Cibernética, pero consideró necesario construirla, particularmente para atender los casos en los que el instituto emita medidas cautelares por posibles hechos de violencia política en razón de género.

Explicó que en estos procedimientos también se necesita la colaboración de las instituciones de seguridad pública para la aplicación y vigilancia de las medidas que determine la autoridad electoral.

Otro de los retos, indicó, será establecer una mayor interlocución con las empresas propietarias de redes sociales, entre ellas Meta, ante publicaciones que puedan formar parte de casos de violencia política contra las mujeres.

Sánchez González reconoció que conseguir el retiro de determinados contenidos representa una dificultad debido a los criterios de las propias plataformas y a la necesidad de distinguir entre expresiones protegidas por la libertad de expresión y aquellas que pueden constituir violencia política.

“Ahí es donde nos cuesta bastante”, señaló al hablar de las gestiones para conseguir que las plataformas retiren publicaciones cuando existe una determinación de la autoridad electoral.

La presidenta consideró igualmente necesaria la participación de los medios de comunicación para difundir los alcances de la 8 de 8, así como los mecanismos existentes para prevenir y atender la violencia política contra las mujeres.

Precisó que el IEEPCO no tiene atribuciones para sancionar todos los delitos o conductas contemplados dentro de la 8 de 8, pues esa responsabilidad corresponde a otras autoridades, pero sí debe comprobar que quienes pretendan obtener una candidatura cumplan con los requisitos de elegibilidad.

“El instituto no puede sancionar, pero sí puede verificar que las personas que vayan a ser candidatas no se encuentren en estos supuestos”, explicó.

El IEEPCO se encuentra actualmente en la elaboración de los lineamientos que regirán el próximo proceso electoral, por lo que Sánchez González consideró que todavía existe oportunidad para revisar procedimientos, realizar ajustes y establecer nuevas formas de coordinación.

Por ello, dijo estar abierta a trabajar con las diputadas y las distintas instituciones involucradas para construir un esquema que permita hacer efectiva la 8 de 8 y, paralelamente, reducir al mínimo la violencia política contra las mujeres durante el proceso electoral de 2027.