Promesas a prueba de fuego

OAXACA, Oax., 24 de febrero de 2017- Con promesas de campaña que siguen pasando la prueba de fuego y que ya empieza a acumular negativos, el gobierno de Alejandro Murat se acerca a sus 100 primeros días para realizar su primer corte de caja y todavía no se alcanza a percibir la diferencia entre el caos político y la megacorrupción heredado del gabinismo, y lo que hasta ahora se ha hecho desde el poder ejecutivo para combatir ese caos, desarticular la red de complicidades que provocaron el quebranto financiero gubernamental y ganarse la confianza de la sociedad.

En el gabinete legal y ampliado, con sus contadas excepciones, solo están los amigos, cómplices y recomendados de la diarquía que cogobierna Oaxaca sin importar perfiles, trayectorias y compromisos con la sociedad; en su composición abundan los del sexo masculino, rompiendo así con la promesa de campaña de integrar al mayor número de mujeres hasta alcanzar la paridad de género.

La inseguridad va en ascenso al igual que la violencia y los conflictos político-electorales, acompañado de una permanente movilización de sindicatos, organizaciones sociales y grupos de presión que, en su mayoría, insisten en recurrir al viejo expediente de los bloqueos de calles y carreteras y en la toma de oficinas públicas para ser atendidos por las autoridades.

El diálogo y las negociaciones con la Sección 22 del SNTE se sostiene con alfileres y aunque se suspendieron temporalmente, una vez reanudadas es posible que de nueva cuenta surjan los desacuerdos y los amagos de nuevas movilizaciones magisteriales. Por donde se le vea, y aun cuando el propio jefe del poder ejecutivo encabezara la mesa de negociaciones, más tarde que temprano sobrevendrá la ruptura definitiva, simple y sencillamente porque atender la demanda de abrogar la Ley Estatal de Educación y sustituirla por el PTEO significaría darle el tiro de gracia a la reforma educativa y distanciarse del gobierno federal.

El castigo a los responsables de desfondar el erario público durante la pasada administración están a la vista de toda la opinión pública y un día sí y el otro también son objeto de denuncias y señalamientos en los medios de comunicación; sin embargo, hasta ahora el gobierno priista sigue pidiendo tiempo para acumular pruebas y proceder legalmente.

El Secretario de la Contraloría, José Angel Díaz Navarro, se muestra muy atento para denunciar en algunos medios de información irregularidades y recursos no comprobados, o presuntamente desviados, por algunos exfuncionarios del gabinismo, pero se ha negado a atender el acuerdo del Consejo General de Instituto de Acceso a la lnformación Pública (IAIP) para hacer entrega a la organización civil Plataforma Oaxaca Solidaria de los documentos que respaldaron el proceso de entrega-recepción ( Recurso de Revisión: R.R./308/2016).

Y también desde el poder ejecutivo, pero por vía del Consejero Jurídico, Ángel Alejo Torres, se presiona e intimida al grupo de ambientalistas que han demandado dejar sin efecto legal la abrogación del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Territorio (POERTEO) aprobado el 28 de enero de este año por la 63 legislatura, a iniciativa de la fracción parlamentaria del PRI.

Rudeza innecesaria, si se toma en cuenta que pese a las diferencias que este tema ha provocado entre los diputados y diputadas, todavía es posible enmendar una acción premeditada e inducida desde la Consejería Jurídica del gobierno del estado para evitar que una medida a todas luces lesiva al medio ambiente y a la sociedad de Oaxaca se convierte en un nuevo foco de conflicto, esta vez con repercusiones a nivel nacional y hasta internacional.

Caos político, abuso de poder, complicidades y, “sin visión de futuro”, como dijera el clásico que ya se enfila a dirigir la CNOP. Eso es lo que hasta ahora se percibe en las filas de un gobierno que, con voluntad política y ganas de gobernar para todos, tiene aún tiempo para enderezar la nave.