Propone Benjamín Robles en el Senado combatir redes de corrupción

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de junio de 2016.- El senador de la República, Benjamín Robles Montoya propuso combatir las redes de corrupción y de tráfico de influencias.

Puso como ejemplo la asignación de obra pública y contratos para la adquisición de bienes y servicios a cambio de beneficios personales.

Dijo que presentará esta modificaciones a la Ley Anticorrupción que se discutirá la próxima semana en el Senado de la República.

El legislador aseguró que Oaxaca es uno de los claros ejemplos de este tipo de prácticas que afectan a la población y por las que es necesario impulsar un sistema nacional anticorrupción que vigile el uso y destino de los recursos públicos en los estados.

“Las investigaciones de lavado de dinero que el FBI y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hacen a Gabino Cué, Estefan Garfias y Jorge Castillo son casos que no deben volver a repetirse”, indicó.

Robles Montoya destacó que se debe castigar de manera más enérgica el tráfico de influencias, conflicto de intereses y acabar con redes de corrupción creadas en los tres órdenes de gobierno.

Señaló que la propuesta de Ley General de Responsabilidades Administrativas o Ley Anticorrupción muestra un esquema incompleto de faltas administrativas graves, por lo que propuso incluir el tráfico de influencias para la obtención de beneficios o la asignación de recursos presupuestarios derivada de la entrega de dádivas o concesiones indebidas.

Asimismo, las conductas del diputado federal o local que gestione o solicite la asignación de recursos a favor de un ente público exigiendo u obteniendo una comisión, dádiva o contraprestación indebida.

También el conflicto de intereses del servidor público cuando ordene o induzca al error a un subalterno para cometer una falta administrativa.

Como parte de las propuestas que presentará para fortalecer la Ley Anticorrupción, mencionó que debe quedar bien claro que los sujetos obligados de la legislación en cuestión serán todos los servidores públicos, incluido los de  las empresas productivas del estado (Pemex y CFE) y sus consejeros independientes.