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OAXACA, Oax., 18 de octubre de 2026.- La iniciativa de reforma integral a la Constitución de Oaxaca plantea reconocer a los pueblos y comunidades afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, además de garantizar sus derechos colectivos, autonomía, territorio y participación política.
En el marco del Día del Pueblo Negro Afromexicano de Oaxaca, que se conmemora cada 19 de octubre, el gobierno estatal, encabezado por Salomón Jara Cruz, impulsa esta propuesta para fortalecer el reconocimiento constitucional de estas comunidades y establecer mecanismos para proteger su identidad cultural y sus formas de organización.
La iniciativa contempla garantías de igualdad, dignidad y no discriminación, así como el derecho de los pueblos y comunidades afromexicanas a decidir sus formas internas de gobierno, aplicar sus sistemas normativos y ejercer jurisdicción comunitaria, en apego al orden constitucional y con respeto a los derechos humanos.
También plantea garantizar la consulta previa, libre e informada sobre medidas legislativas y administrativas que puedan afectar significativamente a las comunidades, además de su participación, mediante instancias representativas, en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo.
En materia cultural, propone proteger el patrimonio material e inmaterial, los conocimientos tradicionales, las expresiones culturales y la propiedad intelectual colectiva. Asimismo, considera la preservación de sus territorios, tierras, hábitats y lugares sagrados, así como el acceso a servicios de salud, la protección de la medicina tradicional y la partería, y una educación con pertinencia cultural.
La reforma también busca fortalecer los derechos de las mujeres afromexicanas, garantizar su participación en las decisiones públicas y su acceso a la educación y a la tierra. Además, contempla medidas de protección para personas migrantes y acciones ante situaciones de desplazamiento forzado.
En materia política, la propuesta incluye la elección de representantes en los ayuntamientos, la participación en candidaturas partidistas y la posibilidad de postular candidaturas independientes, de acuerdo con las particularidades culturales y los mecanismos democráticos de las comunidades.
Para garantizar la defensa de sus derechos, plantea mecanismos de acceso a la justicia con apoyo de intérpretes, traductores, personas defensoras y peritos especializados. También contempla la creación de una Sala de Justicia Indígena y Afromexicana y Constitucional, así como un juicio de protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Con esta iniciativa, el gobierno estatal busca establecer bases constitucionales para el reconocimiento de los pueblos afromexicanos, la protección de sus derechos colectivos y la definición de obligaciones institucionales para favorecer su ejercicio efectivo.
