Proponen frenar la minería a cielo abierto por sus impactos negativos

Cecilia Perezgasga Ciscomani

La minería a cielo abierto o a tajo abierto implica una remoción intensa de la capa superficial de la tierra para poder acceder a los minerales, lo que resulta en una degradación ambiental irreversible que incluyen deforestación, erosión del suelo y contaminación de cuerpos de agua y del aire por el uso de sustancias tóxicas, denunció la doctora Aleida Azamar Alonso, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Uno de los impactos negativos más visibles es la deforestación, ya que para llevar a cabo la extracción muchas veces se remueven grandes extensiones de vegetación, lo que provoca una pérdida de hábitat, disminución de biodiversidad y reducción de la fertilidad de las tierras, afectando también las prácticas agrícolas, señaló en conversatorio sobre el tema.

La coordinadora de la Maestría en Sociedades Sustentables de la Unidad Xochimilco precisó que los impactos ambientales y sociales no se limitan sólo al periodo de su explotación, sino que pueden persistir mucho tiempo después de que las operaciones mineras hubieren cesado, dejando a las comunidades locales lidiar con las consecuencias a largo plazo.

La minería a cielo abierto utiliza grandes cantidades de agua para procesar los minerales y libera sustancias tóxicas como el cianuro o el mercurio, a pesar de que muchos de estos elementos están prohibidos en la práctica minera en varias partes de Europa y de Estados Unidos por los grandes riesgos socioambientales y de salud asociados a su uso.

En México hay aproximadamente 264 minas que operan utilizando esta técnica, lo que representa el 21 por ciento del total de proyectos extractivos en el país; aporta casi el 60 por ciento del valor total de la producción minera nacional de acuerdo a datos reportados hasta 2023.

La doctoranda en Desarrollo Rural por la Unidad Xochimilco de la UAM Beatriz Adriana Olivera Villa narró que en las faldas del cerro de San Pedro, San Luis Potosí, se asentó un pueblo minero siglos atrás, con sus casas, sus iglesias, su gente, sus calles, en el que se desarrollaba una vida social, económica y cultural, no obstante cuando llegó la minería a tajo abierto destruyó gran parte del lugar.

Esto resquebrajó el sentido de comunidad, enfrentando a unos y otros. Pese a que el proyecto minero cerró hace algunos años, dejó una huella indeleble al cambiar el paisaje por un cerro artificial hecho de residuos mineros, donde quedaron enterrados los sueños y las promesas de la minera.

Para controlar las concesiones mineras y poner candados a sus prácticas de devastación ambiental son fundamentales las políticas y las regulaciones, pero con perspectiva en derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, lo cual no estaba contemplado en la ley minera de 1992, dijo la directora de Engenera A.C.

La normativa aprobada en 2023 presenta avances sustantivos basados en buena medida en las luchas de los grupos de defensa de la naturaleza. Algunos progresos importantes son la prohibición de minería en áreas naturales protegidas o en zonas con estrés hídrico.

El doctor en Geografía por la UNAM Isidro Téllez Ramírez señaló que los empresarios mineros utilizan siempre el argumento de que crean fuentes de empleo para defender su actividad; sin embargo, la minería de minerales metálicos, que es en gran medida a cielo abierto, genera un muy bajo nivel de empleo u ofrece subcontrataciones que hoy se clasifican como precariedad laboral.

La activista Grecia Eugenia Rodríguez Navarro, integrante del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, aseguró que la organización comunitaria es fundamental para detener la invasión de las empresas mineras, al oponerse al proyecto en cuestión, frenando el cambio de uso de suelo que el municipio otorga. La toma de decisiones desde las colectividades debe de ser interna, por usos y costumbres de los ejidos y de las asociaciones agrarias.

La investigadora posdoctoral Iracema Gavilán Galicia, defensora del agua en territorio Wirikuta y el altiplano potosino, pugnó por el derecho de las comunidades a obtener una información cabal cuando empresas mineras pretenden inmiscuirse en sus territorios para llevar a cabo sus megaproyectos a cielo abierto.