Raúl Ávila | Entre el Estado democrático y el Estado social de derecho

OAXACA, Oax. 21 de junio de 2021.- Una lectura meditada sobre la trayectoria y logros posibles y deseables del gobierno federal en curso y las entidades federativas del país permite afirmar que el principal reto de los mexicanos dentro del sistema democrático es garantizar la efectividad de los derechos sociales.

El sistema democrático, con todas sus debilidades y disfunciones, ha probado en las más recientes elecciones una vez más que funciona y produce la legitimidad política necesaria para recoger y procesar la pluralidad y diversidad de la nación.

Lo que no está claro es si el sistema político será capaz de avanzar y consolidar los compromisos ya inscritos en la Constitución en materia de bienes y servicios vitales como trabajo e ingresos suficientes, alimentación, agua, vivienda, salud, educación, cultura o medio ambiente sustentable.

Para progresar en esta ruta se requiere mantener la estabilidad macroeconómica (inversión, tipo de cambio, finanzas públicas sanas e inflación bajo control) y, al mismo tiempo, mejorar los índices macroeconómicos (salarios, precios) en un balance virtuoso entre sectores y regiones.

No hay forma de hacerlo sin la coordinación de los poderes y órganos del Estado, cierto, pero tampoco sin la crucial participación del sector privado y la concurrencia del sector social y comunitario.

La segunda parte del sexenio del presidente López Obrador deberá distinguirse por aumentar la eficacia del sector público en la concertación de políticas para recuperar la economía post pandémica y propiciar que la gente común, que es la mayoría, trabaje y viva mejor.

Si lo consigue, entonces podrá aspirar a que su nuevo poder central y regional sea revalidado en los comicios de los años por venir, o bien lo contrario.

La principal promesa incumplida de la democracia pluralista mexicana no son las elecciones libres y auténticas.

Lo son la prosperidad compartida, la igualdad y la justicia