CIUDAD DE MÉXICO, 13 de septiembre de 2020.- Independencia suele significar en los hechos un valor relativo, pues se ejerce en el contexto de relaciones de poder.

Sin embargo, la capacidad del Estado de traducir la voluntad popular en normas jurídicas propias o aceptadas que le sean favorables a la mayoría social sigue siendo un indicador útil para valorarla.

En la primera independencia, entre 1821 y 1824, el Estado Mexicano cortó la dependencia política y jurídica con el decadente imperio español al desvincularse del régimen monárquico establecido por la Constitución de Cádiz de 1812, suspendida en 1814, reactivada en 1820 y conectada aun al efímero Imperio de Iturbide (1822-1823).

En ese contexto, si bien se produjo la separación respecto de la Corona española, se mantuvo la codependencia del naciente Estado con la Iglesia y el Ejército virreinales a través de las constituciones de 1824, 1836 y 1842, y la legislación secundaria que seguía siendo la heredada del régimen colonial.

De allí que la segunda independencia del Estado Mexicano se haya dirigido a separar la ciencia y las instituciones políticas con respecto a la religión y el poder eclesiastico, establecer la laicidad y el positivismo fundando un orden jurídico moderno bajo la Constitución de 1857 y la codificación civil, penal y mercantil.

Se forjó un sistema jurídico propio, ni antiguo ni ajeno, como lo eran el virreinal español o el imperial monárquico francés que condicionaban o negaban la voluntad soberana de los mexicanos.

Desde luego, la historia no es lineal y progresiva. Las instituciones y sus contextos son evolutivas, dinámicos y resistentes al cambio, a la vez.

La supervivencia y resurgimiento del militarismo y la modernización porfiriana expansiva pero excluyente de la mayoría social, condujo a la tercera independencia: la revolución en contra de la espada y la injusticia, así como de renovadas acechanzas externas.

A partir de la Constitución de 1917 tuvo lugar una etapa centenaria durante la cual la reivindicación popular y los gobiernos civiles posteriores a la Segunda Guerra Mundial prohijaron un orden jurídico legalizado y renovado mediante voluntades, consensos y planes sexenales en favor de una población cada vez más grande, urbana y demandante.

En la edad madura del régimen posrevolucionario la dinámica de las fuerzas internacionales y factores influyentes de ámbito nacional provocó un giro hacia el rebalance del Estado en relación con el sistema internacional dominado por los Estados Unidos.

A partir de la crisis económica de la década de los ochenta, la firma del Tratado de Libre Comercio en 1992 y de allí hasta el decenio 2008-2018 dicha balanza se inclinó en favor de los intereses privados nacionales y extranjeros.

El platillo fue cargado con la correspondiente reestructuración constitucional y reglamentaria a costa de lo público, social y comunal, preeminentes en el primigenio orden constitucional de 1917.

La instrumentalización abusiva de los aparatos gubernamentales debilitó la autoridad pública, el interés social y la capacidad de regulación y conducción del Estado.

A cambio, la promesa de la integración norteamericana y un esquema multinivel de garantía de los derechos humanos individuales no fueron consolidados.

La precariedad aumento en el grueso de una población aún más crecida y ansiosa, que se desbordo a la informalidad y en parte al crimen.

La condición neoliberal se agotó en esa última década y, sin retirarse, ha tenido que ceder a visiones y estrategias alternas.

Precisamente, la cuarta independencia de México se propone reequilibrar los referidos factores domésticos e internacionales de la producción y la dominación con el propósito de intermediar entre economía y sociedad con apoyo en la mayoría electoral y el Derecho.

Para hacerlo, el manual histórico del gobernante prescribe primero reponer la autoridad del Estado como regulador y garante activo de relaciones económicas, sociales, políticas y culturales polarizadas y en tensión.

Se trata, ahora, de lograr la saludable separación del Estado ante el poder del dinero convertido por sus excesos en dinero desde el poder.

Consiste en la traducción jurídica de la voluntad popular mayoritaria –sin desconsideración a las nuevas minorías políticas ayer gobernantes– para generar la nueva síntesis histórica nacional: el estado constitucional, democrático, social e intercultural de Derecho.

Creemos en un país con igualdad sustantiva, productividad, calidad democrática, plural y diverso, orgulloso de lo propio y respetuoso de lo ajeno, mas nivelado de Sur a Norte y de Este a Oeste.

Un país más seguro de sí mismo y con esperanza fundada en que, pese a la pandemia y sus efectos, el futuro será mejor.

¡Larga y buena vida al México Independiente!