Raúl Ávila Ortiz | Oaxaqueñología | Estampas democráticas

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de noviembre de 2020.- En días recientes se han presentado varios acontecimientos relevantes que muestran el sentido profundo de la democracia contemporánea.

Tres de ellos corresponden a procesos electorales realizados, pese a la pandemia, en México, Bolivia y Estados Unidos.

En México, los comicios para elegir diputados locales en el estado de Coahuila y ayuntamientos en el de Hidalgo concitaron porcentajes de votación cercanos a sus respectivos promedios históricos.

En Bolivia y Estados Unidos ocurrió otro tanto.

En los tres países los protagonistas principales, por encima de candidatos e instituciones, han sido los ciudadanos que de manera consciente y abundante salieron a votar para seleccionar a sus respectivos legisladores, alcaldes o presidentes y vicepresidentes.

Hago notar que en las tres experiencias se produjeron alternancias que pudieron antojarse como imposibles: el PRI recuperó espacios públicos en aquellos dos estados, los socialistas retomaron el poder en Bolivia y los demócratas hicieron lo propio en Estados Unidos.

Otras dos acciones relevantes se han dado en el ámbito de la división y colaboración reales entre poderes en favor de la democracia puesto que en los Estados Unidos tanto twitter como las grandes televisoras intervinieron para evitar la difusión de mensajes masivos notoriamente infundados o carentes de evidencia.

En estos dos últimos casos se limitó la libertad de expresión de Donald Trump en favor de proteger, en el fondo, la integridad de los comicios, que es decir el voto libre y las elecciones justas.

Otra decisión relevante ha sido la que adoptó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mexicano el pasado viernes, al aprobar lineamientos para asegurar al máximo posible la paridad de género en las postulaciones a las 15 gubernaturas en juego en 2021.

En este caso parece tratarse de una aplicación directa, de un principio constitucional preferente para potenciar y concretar el derecho fundamental a la participación política de las mujeres, aunque hay quien opina que ello pudiera sacrificar en exceso los principios de división de poderes, seguridad y certeza jurídica (ya se verá).

Finalmente, tanto en Bolivia como en Estados Unidos y México, las instituciones judiciales que resuelven conflictos político-electorales están vigentes y podrán activar sus atribuciones si así se lo exigen en cada caso.

En Bolivia, voces extremas han estado pidiendo al tribunal electoral algo que se antoja temerario y que es anular la elección de los ganadores, Luis Arce (Presidente) y David Choquehuanca (Vicepresidente).

En Estados Unidos, tocaría a la Suprema Corte validar en última instancia el triunfo del demócrata, Joe Biden, y su vicepresidenta, Kamala Harris.

En México, el Tribunal Electoral, que recién renovó a su presidente en la figura del magistrado José Luis Vargas Valdez, con 20 años de experiencia en la materia, continuará desahogando las impugnaciones que se presenten en el marco de los numerosos y concurrentes procesos electorales 2020-2021.

Concluyó poniendo en relieve que, pese a sus debilidades, los sistemas democráticos funcionan y cada vez más los asuntos complejos son resueltos conforme con enfoques innovadores.

A pesar de todos los pesares, en la experiencia civilizatoria interamericana los ciudadanos ponen y los ciudadanos quitan a gobernantes y partidos.

Lo hacemos a través de instituciones tan valiosas como la participación, el voto y las instituciones que regulan, gobiernan y enjuician corresponsablemente la democracia electoral.

Junto con las garantías y reglas de procedimiento que regulan las elecciones, la moralidad política contenida en los principios constitucionales es el basamento de la democracia que debe sostener las actitudes y conductas de los demócratas.