Cortinas de humo
OAXACA, Oax., 25 de abril de 2021.- En el marco de los procesos electorales 2020-2021 han arrancado las campañas electorales para diputado federal, legislaturas locales y gobernador, en tanto que las contienda para elegir concejales municipales están en camino.
Hay, por ello, mucho que hacer. Idealmente, todo dentro de la Constitución, las convenciones internacionales, leyes y buenas prácticas que suelen ser desplazadas por otras no tan buenas.
Para empezar, los competidores –partidos y candidatos– ya despliegan estrategias y campañas inteligentes que deben consideran los propósitos y espacios en juego, la calidad propia y la de sus opositores, antecedentes y perfil del electorado, el contexto pandémico o las sensibilidades prevalecientes a favor y en contra de sus banderías.
Deberán tener en cuenta el sentido y complejidad de la normatividad electoral aplicable, en particular los principios y reglas constitucionales que protegen el voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, y las elecciones libres y auténticas, imparciales, con equidad, con paridad, no discriminacion y no violencia de personas y grupos.
Nótese que el régimen electoral ahora castiga y sanciona con mayor severidad los ilícitos electorales tanto en el ámbito administrativo como penal y el propiamente electoral: de la multa o la pérdida de atributos y hasta la nulidad de las elecciones.
En el caso de las y los ciudadanos, a su fundamental derecho a la participación política, a votar y ser votado, le corresponde el deber de informarse, manifestarse, expresarse, deliberar, discutir, criticar y proponer, sobre todo hoy que tiene las redes sociales a disposición inmediata.
En particular, desde luego debemos cumplir el día de la jornada electoral con la obligación de votar y, en su caso, de recibir y contar los votos.
Un amplio y sofisticado conjunto de garantías está ya activado para asegurar que la integridad prevalezca antes, durante y después del día de las elecciones.
Las decenas de organismos electorales que organizan los comicios federales y locales, de un lado, y los que investigan los presuntos ilícitos y los juzgan y resuelven están en plena operación conforme con sus competencias institucionales en un ambiente de exigencia política y mediática, como es usual.
Las autoridades, sobre todo el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, juzgados y tribunales locales y federales en materia penal, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuentan con las salvaguardas, recursos y experiencia para mantener las normas del estado de derecho constitucional electoral en un alto nivel de efectividad, pese a las descalificaciones y amagos de los jugadores más rijosos, y más allá de casos desafortunados de falta de asepsia institucional.
Prensa, operadores mediáticos, redes, observadores electorales y otros sujetos que auxilian en el proceso están todos en sus respectivos papeles haciendo lo suyo.
Así es que estamos ante uno de los dos super domingos de cada seis años, en los que se juega primero el acceso o la retención del poder nacional, como ocurrió en 2018 para iniciar el sexenio, y luego la ratificación o no con o sin matices de esos primeros tres años de gobierno, en los días de corren de un gobierno fruto de la alternancia y la democracia que lo hizo posible.
Las encuestadoras, otro sujeto indirecto relevante de las elecciones, por ahora registran que los espacios locales del partido que ocupa el gobierno federal se ampliaran, aunque en varias localidades importantes pagara el costo de sus contradicciones y errores.
Asimismo, advierten que en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la coalición gobernante podría obtener la mayoría simple o la mayoría absoluta, pero no más. En el entendido de que la operación parlamentaria sin mayoría calificada puede ser más gravosa, pero no insuperable.
En cualquier escenario, hacia el domingo 6 de junio aún faltan más de 40 días.
Eso es tiempo suficiente para que veamos y protagonicemos no solo el evento electoral de medio término federal más grande y complejo de la historia reciente del país, sino, con todas sus vicisitudes, uno de los más competidos, legítimos y trascendentes que después pudiéramos recordar, rumbo a 2024.
Coadyuvemos a que así sea.