Raúl Ávila Ortiz | Reformas, Constitución y Democracia

OAXACA, Oax., 26 de julio de 2020.- El gobierno federal en curso ha promovido y el poder revisor (Congreso de la Unión más la mayoría de los Congresos locales) ha aprobado hasta ahora 9 reformas a la Constitución: 7 en 2019 y 2 en 2020.

Las 7 reformas aprobadas en 2019 son la relativa a la extinción de dominio; la que creó la Guardia Nacional; la que amplía el catálogo de delitos graves que merecen prisión preventiva oficiosa; la educativa; la que estableció el principio de paridad de género para todos los cargos públicos; la que reconoce y garantiza derechos especiales –equiparables a los de pueblos y comunidades 0110 indígenas– a los afromexicanos; y la que ajusta los términos de las consultas populares, además de consagrar la revocación del mandato para Presidente de la República y gobernadores

Laa 2 reformas de 2020 son la que prohíbe la condonación de impuestos y la que incorpora los programas sociales dirigidos a grupos vulnerables específicos –jóvenes, adultos mayores, personas indígenas y con discapacidad– como auténticos derechos y directivas que deben ser cumplidos.

Hay otras iniciativas de reformas que continúan en discusión en las cámaras legislativas federales.

Así, por ejemplo, la relativa a la regulación del fuero de legisladores y titulares de poderes ejecutivos, o bien la relevante reforma judicial presentada al Senado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Las 9 reformas en vigor parecen coherentes con la oferta electoral que la mayoría ciudadana voto en julio de 2018 para dar respuesta a los principales problemas públicos diagnosticados desde entonces: inseguridad, corrupción e impunidad, desigualdad y pobreza, e insuficiente desarrollo económico.

Se presume que al ser consumadas, tales modificaciones ya abonan a la legitimidad del gobierno en ejercicio y sus aliados.

Solucionar tales problemas públicos no solo depende de reformas constitucionales, por supuesto. Hay muchas politicas y acciones que no requieren reformas.

Empero, ahora habrá que darles seguimiento a su aplicación, resultados e impactos en la práctica para evaluar su idoneidad y eficacia.

Ello incluye el revisar las reformas legales y la normatividad derivada de estas que sirven para fundar y motivar los actos reglamentarios y administrativos correspondientes.

También exige analizar y apreciar la labor de interpretación y precisión que sobre sus contenidos realicen las instancias del Poder Judicial de la Federación.

Luego habrá que estudiar las consecuencias reales de toda esa normatividad y las políticas que sustentan, lo.mismo que de otras políticas y programas que no están basadas en reformas constitucionales.

Al respecto, la percepción y condiciones de la gente común serán un indicador clave para arribar a conclusiones, al menos preliminares.

Estas conclusiones preliminares deberán orientar el voto en las elecciones del año 2021 y, en particular, si tiene lugar, en el primer ejercicio revocatorio o confirmatorio presidencial de nuestra historia, durante el primer trimestre de 2022.

¿No es a esos procesos de elección, gobierno y su evaluación a lo que suele llamarse democracia?

Para eso sirven las reformas constitucionales y los procesos de gobierno y administración.

Las construye la Política y el Derecho para fortalecer y arraigar la Democracia a través del ejercicio de la voluntad ciudadana consciente.

Esto equivale a la Constitución democrática que propicia la democracia constitucional sostenida en el goce y ejercicio de derechos fundamentales.