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OAXACA, Oax. 23 de mayo de 2025.– El Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR) y el Ejército Popular Revolucionario (EPR) emitieron un comunicado este jueves para reiterar su exigencia de presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes desaparecidos en 2007 en la ciudad de Oaxaca, presuntamente a manos de fuerzas del Estado.
A 18 años de los hechos, las organizaciones responsabilizaron directamente al Estado mexicano de la desaparición forzada y denunciaron que, desde entonces, ninguna administración —panista, priista ni morenista— ha cumplido con las obligaciones legales y morales para esclarecer el caso y sancionar a los responsables.
“El crimen de lesa humanidad cometido en su persona continúa”, sostiene el documento. Añaden que cada sexenio ha replicado una política de dilación, omisión y encubrimiento, lo que configura, afirman, una complicidad institucional.
El EPR también criticó el incumplimiento de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordena la búsqueda con vida de los desaparecidos por su carácter de víctimas políticas. Denuncian que la Fiscalía General de la República ha “torpedeado” los trabajos de la Comisión Especial de Búsqueda y ha protegido a mandos militares, exfuncionarios y operadores de estrategias contrainsurgentes.
El comunicado señala a diversas figuras, entre ellas los exgobernadores Ulises Ruiz Ortiz y Felipe Calderón Hinojosa, así como a mandos de la Marina y exfuncionarios policiales, como responsables intelectuales y operativos de la desaparición de los militantes.
Critican además la militarización del país, la continuidad de lo que llaman “guerra de baja intensidad” y la permanencia de funcionarios ligados a estrategias represivas, como Omar García Harfuch, actual figura de seguridad en la administración federal entrante.
“La desaparición forzada en México es una práctica del Estado, una política sistemática de represión”, señalan. El caso de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, insisten, es emblemático por su carácter político y por el precedente jurídico que representa.
A nombre del Comité Central del PDPR y la Comandancia General del EPR, el documento finaliza con un llamado a la movilización popular y a no cesar en la lucha por la justicia y la memoria: “Nuestra exigencia es la misma: presentación con vida; y, juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales”.