Diferencias entre un estúpido y un idiota
OAXACA, Oax., 1 de octubre de 2017.- Ante la etapa post-telúrica, de emergencia y reconstrucción que afrontamos en varias regiones y localidades del país, es oportuno recordar y advertir que en el fondo transcurren entrelazados otros procesos políticos y sociales no menos sensibles.
En todos, el común denominador es la exigencia de dignidad, principio constitucional fundado en el sentido común.
Un breve repaso de la nueva etapa y esos procesos puede coadyuvar a situar el pensamiento y la acción pública en la perspectiva y el contexto relevantes para el tiempo venidero.
De entrada, queda claro que los esfuerzos de gobiernos y sociedad desde diversos ámbitos y sectores ha sido ejemplar.
La solidaridad entre nacionales y extranjeros, con todo y los vicios condenables de quienes se aprovechan de la circunstancia, ha rebasado las expectativas y mostrado el sustrato comunitario nacional.
Es indigno dejar sufrir y morir al otro. Es imperativo ayudar a sobrevivir y a bien vivir.
Por ello, no sobra reiterar que el producto de la colaboración, en dinero y en especie, debe ser administrada con máxima transparencia y publicidad en el marco de las normas aplicables.
Si hay recompensa en urnas, la gente lo decidirá. Pero por lo pronto, es claro que indigna la insensibilidad de los gobernantes con la sociedad.
Es evidente que sobra energía y actitud pero hace falta más previsión y método para encauzarlas.
Más ahora es anticipable que ocurra un “boomerang” de insatisfacción y queja en relación con los términos reales de la muy costosa reconstrucción material. Se exige una reconstrucción digna.
Al mismo tiempo, sería oportuno anunciar la revisión a fondo de la legislación y los mecanismos de protección civil, en clave nacional-regional.
Un país-continente tan importante como México, con regiones ubicadas en zonas de alta sismicidad, debería contar con una super-garantía de previsión de riesgos y, en su caso, sancionar severamente a instancias y encargados de operarla. La desprotección mínima en Mexico indigna.
Ahora bien, en el trasfondo ocurren dinámicas que obligan a meditar y accionar con especial prudencia.
Cuando los desastres naturales impactan a sociedad civil, actores políticos y gobierno dentro del tiempo de un proceso electoral tan prolongado (12 meses), competido y complejo, la Constitución interpretada en clave de derechos humanos motiva a poner el derecho al mínimo vital de los dañados y perjudicados por encima de los derechos político-electorales y la competencia por el poder.
Sería indignante no hacerlo.
Es así que la sociedad aplaude que los partidos opten por no ejercer su financiamiento público de los últimos tres meses de 2017 a efecto de que se abone al fondo para la reconstrucción. Es bienvenida la decisión de otras instituciones de cualquier sector para el mismo fin.
Otra cosa es el debate sobre el modelo y los altos montos de financiamiento a los partidos y candidatos para 2018 y más allá.
Para 2018, una modificación al presupuesto ya presentado ante el Congreso requiere reforma constitucional, que puede procesarse en breve tiempo.
A la vez, habría que dejar para una etapa posterior a las elecciones del año próximo –gane quien gane- el debate profundo sobre la indispensable reforma política pendiente, incluida, por cierto, la reforma estructural federalista y municipalista. Indigna la debilidad municipal y la disfunción del estado federal.
La correlación entre sismos y economía exige rediseño presupuestal, austeridad republicana, inteligente manejo de variables macroeconómicas en términos del artículo 25 constitucional, y, sobre la marcha, mantener ritmos de inversión privada y negociación prudente del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Prever hasta los “tweets” de Trump. Sostener la dignidad de la Nación.
La sociedad mexicana experimenta, en general, una severa molestia y crisis de confianza interpersonal y con sus representantes políticos, en particular con el estado de cosas, en razón de la indigna desigualdad, corrupción e impunidad imperantes que los gobiernos no han podido resolver.
En particular, en regiones y localidades del centro y sur de México, una vigorosa tendencia anti-sistema.anuncia su voto adverso al estado de cosas prevaleciente. La indignidad de la diferencia regional es intolerable.
En breve: Emprender emergencia y reconstrucción con fuentes de financiamiento bien administradas. Actuar con sensibilidad y racionalidad.
Firmeza para atajar abusos. Proteger los valores democráticos y el proceso electoral. Encontrar en la Constitución en clave de derechos la ruta para la justicia posible en favor de los vulnerables.
Decidir y operar con método y con integridad. No buscar de entrada el aplauso. Aliarse con la ciudadanía. Sumarse al reclamo por la indignidad.