Reducción de jornada costaría $65 mil por trabajador: Concanaco

OAXACA, Oax. 8 de julio de 2025.- Reducir la jornada laboral a 40 horas semanales sin una estrategia técnica, fiscal y escalonada podría significar un alto costo para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), advirtió Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

Desde el Foro para la Implementación de la Semana Laboral de 40 Horas, realizado en Cancún, Quintana Roo, De la Torre estimó que una MiPyME tendría que pagar hasta 65 mil 793 pesos adicionales al año por trabajador, lo cual comprometería la sostenibilidad de cientos de negocios en el país, compartió en un comunicado.

“No estamos en contra del bienestar laboral, pero sí a favor del bienestar sostenible”, afirmó el dirigente. Señaló que 67.2% de los empresarios consultados por el organismo no aprueba la reforma si no se establecen mecanismos de apoyo como incentivos fiscales o gradualidad diferenciada por sector y región.

El presidente de CONCANACO alertó que sin estas condiciones, el 70% del empleo formal y el 66% del Producto Interno Bruto nacional están en riesgo, debido al peso que tiene el sector comercio, servicios y turismo en la economía mexicana.

Como parte de una alternativa viable, el organismo propuso:

• Implementar la reducción de la jornada de forma gradual y diferenciada.
• Otorgar incentivos fiscales para mantener empleos y promover la formalidad.
• Permitir acuerdos flexibles entre trabajador y empleador, cuando así lo deseen.
• Establecer la deducción total de la nómina como estímulo a la contratación formal.
• Crear un Observatorio de Transición Laboral con datos reales del sector productivo.

“No venimos a frenar derechos, venimos a construirlos con piso firme”, expresó De la Torre, al reiterar la disposición del sector empresarial a colaborar en una reforma que tome en cuenta la realidad del país.

En semanas previas, la Concanaco ha llamado al Congreso de la Unión a abrir mesas de diálogo técnico antes de dictaminar la reforma constitucional, a fin de no generar desempleo ni frenar la recuperación económica tras los efectos de la pandemia y fenómenos como el huracán Erick.