Reforma constitucional de 1994 y sus implicaciones en la justicia

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de agosto de 2019.- El 5 de diciembre de 1994, el presidente Zedillo presentó una iniciativa de reforma constitucional en la que propuso cambios estructurales en materia de justicia. La reforma se publicó el 31 de diciembre de 1994 en el Diario Oficial de la Federación modificando 27 de los 136 artículos de la Constitución en ese entonces.

Las principales características de la reforma en materia de justicia federal fueron la creación del Consejo de la Judicatura Federal como instancia encargada de la administración y vigilancia de los Tribunales Federales y el rediseño de la estructura y atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para convertirla en un órgano dedicado en esencia a la resolución de asuntos que involucran la interpretación de la Constitución Federal. Las modificaciones a su estructura e integración consistieron en la reducción de 26 a 11 en su número de integrantes, un nuevo método para su designación y un periodo fijo de 15 años en el cargo. Estas modificaciones se complementaron con otras que ampliaron las competencias de los ministros en materia de control constitucional.

Cabe destacar de manera muy puntual sobre esta reforma que el control constitucional se había ejercido casi exclusivamente a través del juicio de amparo, cuyas sentencias producen efectos que aplican solo a las partes involucradas en los litigios. El diseño que se estableció en 1994 fue totalmente novedoso, con la creación de la acción de inconstitucionalidad se produjo una modalidad de control abstracto y concentrado de normas generales; y con el rediseño a la controversia constitucional se creó una vía para dirimir los conflictos entre autoridades federales, de las entidades locales y municipales.

El objetivo de la reforma de 1994 en materia de justicia constitucional fue fortalecer a la Suprema Corte como guardián supremo de la constitución federal y convertirla en el principal árbitro de los procesos de creación normativa. La Corte antes de esta reforma era un órgano dedicado en su mayoría a la protección de derechos individuales.

Esta reforma confirió más autoridad y visibilidad a los Tribunales Federales, así como contribuyó a la independencia judicial al introducir un método de designación con menos injerencia a la política y robustecer la formalización de la carrera judicial así como sentar las bases para fomentar una mayor responsabilidad de los funcionarios judiciales, especialmente de jueces, magistrados y ministros.

Antes de la reforma de 1994, el derecho procesal constitucional en México versaba mayormente sobre cuestiones de amparo; a partir de dicha reforma entraron en vigor mecanismos que ampliaron los medios de control constitucional consolidándose una nueva rama fundamental del derecho procesal como lo es el Derecho Procesal Constitucional.

Uno de los puntos torales de la reforma de 1994 consistió en reforzar a la Suprema Corte de Justicia como un Tribunal constitucional con la supresión de facultades administrativas y de gobierno y con la creación y fortalecimiento de garantías constitucional- procesales para la defensa de la constitución.

Después de la reforma de 1994, gracias a la ampliación de los supuestos de las controversias constitucionales y la creación de las acciones de inconstitucionalidad, el máximo tribunal ha resuelto planteamientos sobre violaciones a normas constitucionales que guardan relación con el orden general del país. La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia declare la invalidez de normas es una de las tareas más innovadoras de nuestro orden jurídico actualmente. Esto refleja que el Poder Judicial constituye una pieza fundamental del Estado Constitucional Democrático de Derecho.