Reforma electoral: empoderar al poder

Punto de quiebre

“En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad, ninguna tiranía puede dominarle.”
Gandhi

Empezar por el principio, aunque parezca un pleonasmo, es indispensable cuando lo que está en juego es el equilibrio democrático… y la democracia misma.

La mayoría oficialista integrada por Morena y sus aliados Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista no solo es políticamente dominante: es, en los hechos, artificial y cuestionable en términos constitucionales.

La base del debate está en el artículo 54, fracción V, de la Constitución, que establece que ningún partido político puede contar con un número de diputados por mayoría relativa y representación proporcional que exceda en ocho puntos porcentuales su votación nacional emitida.

La oposición sostiene que, al coaligarse, estos partidos distribuyeron estratégicamente candidaturas en distritos para, posteriormente, sumar legisladores como bloque. El resultado: aunque la coalición obtuvo alrededor del 55% de los votos, terminó con cerca del 74% de las curules en la Cámara de Diputados (372). Una sobrerrepresentación que, aunque jurídicamente defendida por el oficialismo, contradice el espíritu de la representación proporcional.

Esa mayoría les ha permitido impulsar la reforma al Poder Judicial, avanzar en la militarización de la Guardia Nacional y ahora colocar sobre la mesa la llamada reforma electoral.

¿Qué está en juego?

Se ha planteado:
• La desaparición del PREP.
• La reducción o rediseño del Instituto Nacional Electoral (INE).
• La disminución de recursos a los partidos políticos.

Más allá de los argumentos de austeridad o eficiencia, la pregunta de fondo es otra: ¿se fortalece la democracia o se debilitan los contrapesos?

El debate sobre los plurinominales

Las diputaciones de representación proporcional son, quizá, una de las figuras más debatidas del sistema político mexicano. En el deber ser, existen para garantizar pluralidad, equilibrar mayorías y asegurar que las minorías tengan voz.

En los hechos, muchas veces se han convertido en cuotas de grupo: espacios reservados para élites partidistas, el club de los “amigos”, sin mayor mérito que la confianza interna; lejos del escrutinio directo del electorado y, en no pocos casos, sin la preparación necesaria para un debate parlamentario serio.

Sin embargo, que su diseño haya sido mal utilizado no significa que su eliminación fortalezca la democracia. La necesidad de equilibrio institucional es mayor que los excesos cometidos en su práctica.

Preguntas inevitables
• ¿Movimiento Ciudadano mantendrá una postura de oposición o terminará acompañando al oficialismo, como ha ocurrido antes?
• ¿Luis Donaldo Colosio pedirá licencia para evitar una votación clave?
• ¿El PT, MC y el PVEM respaldarán una reforma que eventualmente podría debilitarlos como fuerzas propias?
• En un país con niveles alarmantes de violencia, ¿es esta la prioridad nacional?
• Si el oficialismo fuera oposición, ¿aceptaría una reforma de esta naturaleza?

El punto de quiebre no está solo en la reforma electoral. Está en la redefinición del equilibrio entre poder y democracia.

Cuando un gobierno concentra atribuciones, reduce contrapesos y rediseña las reglas del juego desde una posición de mayoría dominante, la pregunta no es si puede hacerlo, sino si debe hacerlo.

Con tantos desafíos nacionales seguridad, crecimiento, salud, educación parecería que la prioridad es otra: consolidar el poder.

Y cuando el poder busca empoderarse a sí mismo, la democracia inevitablemente se debilita. Diseñar una reforma electoral sin colocar a la delincuencia organizada como el mayor problema del sistema político suena peligrosamente a aquella vieja frase: “El Estado soy yo”.