Reforma judicial entraña riesgo de intervención de grupos de interés

• La propuesta de reforma al Poder Judicial que se espera votar en septiembre próximo amerita una discusión a fondo, debido a los riesgos que entraña tal como está planteada, señala Marcos del Rosario, director del Departamento de Estudios Socipolíticos y Jurídicos del ITESO.

En un sistema judicial como el mexicano, si no se garantiza la idoneidad de los perfiles de quienes ocuparán los cargos de jueces, magistrados y ministros, se corre el riesgo de que lleguen personas sin capacidad técnica para resolver controversias o conflictos jurídicos; asimismo, que los partidos políticos secuestren la justicia, considera el director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO (Dsoj), Marcos del Rosario Rodríguez. 

Una vez pasada la elección presidencial, en la que triunfó Morena, hay una urgencia por aprobar el llamado “Plan C” de la Reforma Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y se prevé que esto ocurra cuando entre en funciones el nuevo congreso, en cuya composición habría una mayoría calificada del oficialismo, informó el Iteso en un comunicado.

Para el director del Dsoj, la parte más polémica de esta propuesta, que es la elección de los puestos del Poder Judicial vía voto popular, sigue sin asegurar que los mejores postulantes lleguen a las salas y los tribunales. 

“Este debate es muy antiguo, tiene 200 años: que los jueces, como no tienen legitimación democrática, no pueden interpretar, no pueden aplicar normas, y solamente el legislador tiene la potestad para hacerlo. Pero no, los jueces y las juezas tienen legitimidad en la medida en que sus sentencias se apegan al orden constitucional y respetan y garantizan derechos humanos, no por la forma en que son electos”, señala.  

El “Plan C” consiste en un rediseño estructural en el que, además de la elección abierta de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de los integrantes del Tribunal Electoral y de los magistrados y jueces federales, se busca también la reducción del número de ministros, de 11 a nueve, así como desaparecer el Consejo de la Judicatura —órgano que vela por la administración de la disciplina en el Poder Judicial de la Federación— y sustituirlo por un Tribunal de Disciplina Judicial, es decir, dejaría ser un órgano administrativo para convertirse en un órgano jurisdiccional de sanción. 

Del Rosario consideró que una elección por la vía democrática, como ocurre por ejemplo en el caso de Bolivia o con algunos jueces en Estados Unidos a escala local, no garantiza que no se repartan cuotas, como ya sucede hoy. Pero lo más peligroso es que grupos de interés —desde grupos fácticos, empresariales, sindicatos y hasta del crimen organizado— aporten a las campañas o impongan a sus candidatos como jueces.  

“Con esta reforma, lo que está en riesgo es la independencia judicial, porque si yo me lanzo para ser juez, magistrado, ministro, y me apoya o me financia un grupo determinado, mis decisiones y mis criterios pueden estar comprometidos a favor o en contra de esos grupos”, añade. 

¿Cuál es entonces la reforma judicial necesaria? Entendiendo que el formato actual, que viene del sexenio de Ernesto Zedillo, tampoco permite un Poder Judicial independiente.  

Vale recordar que en el modelo vigente para el nombramiento de los ministros de la SCJN participan dos órganos legitimados democráticamente, el Poder Ejecutivo y el Senado, y si después de la presentación de dos ternas no hay consenso en la Cámara Alta, entonces el presidente de la República tiene la facultad de designar directamente a los ministros, lo que continúa siendo un modelo imperfecto, porque a fin de cuentas el Ejecutivo tiene el control. 

“Habría que pensar si no sería bueno recurrir a una terna hasta que haya consenso. Tenemos que pensar temas de consenso, pero más allá de esta fórmula en concreto, pensar en modelos como el brasileño, donde participan, sobre todo a nivel local, barras de abogados y universidades que nutren el grupo de posibles aspirantes. Por ejemplo, en lugar de que el presidente proponga a quien va a ser designado, que quienes propongan sean las universidades, la iniciativa privada o las barras y colegios: que haya ahí una selección de aspirantes, y escoger con ciertos estándares de eticidad, preparación y experiencia”, explica. 

La propuesta de los foros 

La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum se ha propuesto impulsar una encuesta y foros de discusión nacionales y regionales y sesiones de parlamento abierto en torno a la Reforma Judicial por venir. Este gesto habla de una actitud distinta de parte del Ejecutivo, opina el académico. 

“Todavía no conocemos a Sheinbaum como mandataria; aparenta ser más conciliadora, más inclusiva con las fuerzas políticas divergentes. Al menos en sus discursos ha buscado consenso, conciliación y respeto a las minorías. Andrés Manuel nunca habló de foros o consultas. Ella parece estar más abierta a escuchar voces, a las universidades y a los colegios directamente, porque los destinatarios de la reforma no son los operadores jurisdiccionales, sino los que litigan, claro, es la ciudadanía, pero sobre todo la abogacía”, afirma. 

En ese sentido, Del Rosario asegura que se debería proceder con inteligencia y visión estratégica, pensando que la defensa del modelo presente es inviable y que lo que predomina en el ánimo de la mayoría de las cámaras es el modelo de elección vía popular. Hay que tener la esperanza de que este parlamento abierto no sea sólo para legitimar la reforma, sino que permita discutirla o modificar algunos de sus aspectos. 

“[Lo tocante a la elección popular], creo, no va a cambiar. En lo que tenemos que trabajar es en quiénes van a ser electos, y ese es el gran problema, que pasa por el sistema que tenemos actualmente”, advierte. 

Otro asunto pendiente es que esta es una reforma constitucional que requiere mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Y si bien los resultados oficiales hablan de “carro completo” —que ya consiguió Morena en la Cámara de Diputados, y está muy cerca de lograrlo en el Senado–, aún falta que se definan las impugnaciones distritales. 

“Nos han manejado desde hace días que tienen mayoría calificada, lo cual no es cierto: apenas se terminaron de entregar los cómputos distritales, pero todavía hay impugnaciones de algunos distritos y pueden ser modificados por vía judicial. Ahí es cuando se va a aplicar la fórmula para la integración de los senadores y diputados de representación proporcional, es decir, hasta el 23 de agosto vamos a saber cómo se conforma el Congreso”, apunta.