Reformas eléctricas para cerrarle el paso a la mafia del poder

CIUDAD DE MÉXICO, Oax. 3 de febrero de 2021.- La iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, con la que el presidente Lopez Obrador inauguró el periodo de sesiones legislativas de 2021 tiene una trascendencia profunda y grave para el país.

Primero, porque sin necesidad, la envía con carácter preferente; segundo, porque representa un posicionamiento político internacional en materia energética y, con ello, en tercer lugar, marca distancia con la corriente mundial en favor de las energías limpias; pero en cuarto lugar, rompe con los vínculos económicos que, desde su perspectiva, favorecieron durante el neoliberalismo a los empresarios miembros de la Mafia del Poder.

A cinco meses del proceso electoral más grande en la historia mexicana, lo que se quiere imprimir en el imaginario social es que el cambio con el pasado va en serio y qué mejor que desmantelando a lo que queda de la Reforma Energética, que se alcanzó con el concurso de tres partidos de tenencias aparentemente irreconciliables: PRI, PAN y PRD que modificaron el rumbo del país y que, ahora con el nuevo gobierno, se busca retomar el cauce y de esta manera mostrar lo que será la Cuarta Transformación.

No era necesario que el Presidente utilizara su recurso de preferencia para modificar una ley. Pareciera que desgasta “sus balas” políticas en una reforma que no tiene implicaciones constitucionales cuando dispone en el Congreso de la mayoría necesaria para hacer los cambios legales a su antojo, aún cuando esto puede significar un peligroso cambio de reglas para la inversión extranjera y los convenios internacionales que, esos sí, trastocan a la Constitución.

La iniciativa de reforma, que pretende un cambio radical desde la perspectiva política, no atiende ni entiende la trascendencia estructural económica y social que representa el contenido del cambio legal, ni lo puede exponer en sus considerandos.

Por ejemplo, de entrada, la iniciativa violenta varios artículos del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), del que depende la recuperación económica del corto y mediano plazo, pero también del Acuerdo Transpacífico o del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, por mencionar algunos. En el ámbito financiero, arriesga un cambio importante en la percepción del país por parte de las empresas calificadoras internacionales, cuando se voten las reformas legales y se establezca el resultado legal como “las nuevas reglas del juego” en materia de inversión y libertades.

El presidente sabe que, en la práctica, no hay partidos de oposición en las cámaras de Diputados y Senadores. Pero tenía que mostrar para qué sirve tener el poder y por eso envió la señal “preferente” a sus legisladores para que la lealtad se cumpla ciegamente en un periodo de 30 días, aunque eso pueda significar la ruptura del concepto teórico del Estado actual.

Con ello, también establece que en materia energética, su gobierno será el que determine el concepto de soberanía, más cercano a la añeja visión nacionalista que a las exigencias de la globalización.

Su rechazo a la corriente mundial en favor de las energías limpias es claro cuando propone que la generación eléctrica debe dar prioridad a la producción por hidroeléctricas y plantas de combustibles fósiles por encima de las plantas privadas eólicas y solares, así como las de ciclo combinado.

Además, condiciona a que cualquier nuevo permiso de generación eléctrica estén sujetos a los criterios de planeación de la Secretaría de Energía, pero también conmina a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a revocar los permisos de autoabastecimiento, lo que impedirá a las empresas privadas a producir sus necesidades.

Estas exigencias de cambio legal significarán, cuando menos, perder la exigua eficiencia productiva, reducir la capacidad de producción eléctrica para alimentar a la cadena industrial y doméstica, perder competitividad y la imposibilidad de abatir precios para el beneficio de todos.

Pero todavía más, y es lo que preocupa, la eventual reforma de la ley eléctrica significa un cambio radical de las “reglas del juego” con el único objetivo político de desmantelar las ligas del alto empresariado mexicano con el gobierno que le dieron sentido al concepto del neoliberalismo y que son identificados ahora como la Mafia del Poder, lo que no está nada mal; sin embargo, esos cambios no toman en consideración todo lo que ha representado la vinculación de México con la globalización.

Desde esa perspectiva, la Cuarta Transformación se simplifica a una ideología tan básica, miope y arcaica que elude el compromiso estructural de la nación.

@lusacevedop