Regresar a la normalidad

El INE de la Consejera Presidenta Guadalupe Taddei será diferente al de Lorenzo Córdova. La salida de Edmundo Jacobo abre la puerta en el área operativa, la más sensible y delicada. El INE ha desarrollado una amplia y competente burocracia ejecutiva, capital humano sobra y el apartar de la polarización al órgano electoral es una buena oportunidad para la normalidad democrática. Sin embargo, nada es seguro y ahora como nunca será necesario el escrutinio ciudadano.

El INE no puede transitar de terreno de disputa al de botín de guerra. Hay lugar para una conveniente tregua. En el balance, la renovación parcial del Consejo no es mala, aunque no despeja las dudas de la desconfianza e hijas propias de la polarización política que se vive y que desde el poder se alienta. Un aspecto de la mayor relevancia para la normalidad electoral será que los próximos comicios tengan lugar con la normatividad previa a la reforma del Ejecutivo Federal. Por esta consideración es deseable que la Corte se pronuncie al respecto.

El tema fundamental sobre las prendas de los nuevos funcionarios electorales es de integridad y de lealtad institucional. Como tal, la señora Taddei puede ser amiga, conocida o lo que sea del presidente López Obrador. Lo que la calificará será su sentido de compromiso con la institución a la que sirve y de la que es conocedora. No viene de fuera y eso en sí mismo es garantía. Pero no hay que precipitar reserva ni condena. Que el presidente le conceda respeto le ofrece la posibilidad de ejercer autoridad hacia los partidos y los aspirantes, asimismo, que las decisiones del Consejo General sean atendidas al margen de la controversia y la descalificación.

El juicio de opositores sobre Bertha Alcalde Luján es inaceptable y erróneo. Sus padres son expresión de congruencia e integridad. Su lucha viene de mucho tiempo atrás en la izquierda y en la defensa de los trabajadores, y en opinión de quien esto escribe, el parentesco la acredita y no, como fue para muchos, razón de su desconfianza y rechazo. Así están las cosas en estos momentos de la política nacional y por ello es necesario una inteligente tregua para ponerlas en su lugar y diferenciar sustantivo de adjetivo.

El presidente López Obrador a partir de la renovación del INE debe moderar postura. El tema central no es el gasto electoral sino la eficacia del órgano para organizar elecciones ordenadas, legítimas y cuyos resultados sean convincentes y, eventualmente, aceptables para quienes compiten por el poder.

El gobierno debe alejarse de la interferencia indebida en el proceso electoral, que inicia con el respeto al árbitro por toda autoridad, no sólo la federal. Pero allí no acaban las amenazas que se ciernen sobre los comicios de 2024, el problema más serio, grave y pernicioso deviene del crimen organizado. Debe quedar claro que el INE no tiene capacidad ni atribuciones para contenerlo. Tal amenaza debe ser atendida como prioridad por el Estado mexicano en todos los frentes: el financiamiento, las campañas, el perfil de candidatos e inhibir su actuación durante la jornada electoral. Prácticamente todo el país habrá de renovar ayuntamientos y ese es el objetivo inmediato de los criminales en la pretensión de ganar control territorial o consolidarlo.

La tragedia de Cd. Juárez es una severa y dolorosa lección para el país, no sólo para las autoridades. Debe reconocerse que hay problemas que trascienden a una administración como es el de la migración. El hecho fatídico muestra las vulnerabilidades como nación y circunstancias globales que exceden la capacidad de la autoridad para hacer frente al reto con eficacia. Los márgenes de actuación para todo gobierno son estrechos y el error suele ser muy costoso, como ha sido no sólo por el siniestro, sino por sus causas.

Las elecciones próximas anticipan un acento en la polarización. Sin embargo, debe reconocerse un agotamiento de la sociedad derivado del desencuentro y la división. Justo eso es lo que obliga a todos los actores políticos para que la competencia por el poder abra curso a gobiernos eficaces y un régimen que dé respuesta a los grandes problemas nacionales en un entorno de inclusión y corresponsabilidad.