El regreso de la terca “verdad histórica”

GUERRERO, Gro., 19 de marzo de 2017.- La ratificación de la teoría del basurero de Cocula como explicación final de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hecha el viernes pasado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, devuelve el caso a los días de noviembre de 2014 y enero de 2015, fechas en las que el ex procurador Jesús Murillo Karam dio a conocer en conferencias de prensa la llamada “verdad histórica”.

En la audiencia realizada ese día en Washington, Campa Cifrián dijo que “me parece que podemos decir hoy que no se ha consolidado otra hipótesis, que no hay consolidada otra línea de investigación y que no se ha encontrado a ninguno de los normalistas, a ninguno de los muchachos vivos o muertos”.

El funcionario expuso que esta teoría “significa un enorme dolor” para los padres y las familias de los estudiantes, pero a continuación les pidió aceptar la versión de que fueron asesinados y calcinados en ese lugar.

La posición expresada con tal contundencia por el gobierno de México en la CIDH implica el abandono de las otras líneas de investigación que han salido a flote en estos dos años y medio transcurridos desde el 26 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes fueron atacados y desaparecidos en Iguala.

Implica además el abandono total de la investigación realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la CIDH a principio de 2015, cuyos resultados demostraron la imposibilidad técnica de que en el basurero de Cocula se haya producido un fuego de las dimensiones requeridas para calcinar a los normalistas hasta la extinción absoluta.

En abierta contradicción con esa declaración, la representación oficial encabezada por Campa Cifrián dijo sin embargo a la CIDH que el gobierno (es decir la Procuraduría General de la República) ha atendido todas las recomendaciones y líneas de investigación que los expertos del GIEI le presentaron al concluir su tarea hace un año. (La Jornada, 18 de marzo de 2017).

Esto último, que la PGR sigue las recomendaciones de los expertos, es falso, pues la primera de las conclusiones del GIEI fue que los estudiantes de Ayotzinapa no fueron incinerados en el basurero de Cocula, ni siquiera algunos de ellos.

La conducta de la PGR ha sido la opuesta, pues ha desatendido con un visible desprecio esas recomendaciones. (Recordemos al respecto que, en una confirmación adicional, la revista científica Science publicó en septiembre de 2016 un artículo sobre los resultados de un experimento realizado en Australia por el experto en fuego José Torero, quien colaboró con el GIEI y con anterioridad había llegado a la conclusión de que en el basurero de Cocula no hubo un fuego de las dimensiones requeridas para incinerar los cuerpos de los 43 estudiantes.

La revista reportó que el experimento de Torero consistió en incinerar “hasta cuatro cerdos a la vez y determinó que la hoguera necesaria para consumir unos 43 cuerpos no podría haber ardido en el basurero”.

Explicó que según las estimaciones de Torero, para incinerar por completo 43 cuerpos de la manera descrita por los miembros del cártel Guerreros Unidos, versión en la que se basa la “verdad histórica”, hubiera sido necesario apilar entre 20 mil y 40 mil kilos de madera.

Además, dijo la revista, “el científico puso en duda que fuera posible eliminar casi por completo la materia orgánica de los restos con un incendio a fuego abierto, en lugar de hacerlo en un horno”).

El gobierno federal y la PGR han ignorado esa conclusión central del GIEI y, contra todas las demostraciones científicas, se obstina en la defensa de la “verdad histórica”, según las cual los estudiantes fueron confundidos por los sicarios del cártel de los Guerreros Unidos con integrantes de la banda rival de Los Rojos, en complicidad con la policía municipal de Iguala atacados, detenidos y luego trasladados al basurero de Cocula, donde fueron ejecutados e incinerados.

Entre las cosas que la PGR no ha investigado ni quiere investigar se encuentra el hallazgo realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que establece que un grupo de los 43 jóvenes fue trasladado a Huitzuco por policías federales y agentes de ese municipio situado al sur de Iguala.

No hay hasta ahora una explicación de la PGR que sustente la negativa a seguir los hechos señalados por la CNDH, detrás de lo cual se advierte el interés de impedir que las investigaciones toquen a la Policía Federal, pese a los testimonios y pruebas que incriminan a efectivos militares y a agentes federales en el ataque, en el menos peor de los casos como observadores pasivos de la tragedia.

La búsqueda que la PGR se propuso realizar en 40 posibles fosas clandestinas en las cercanías de Iguala, en las que se sospechaba podrían haber sido sepultados los estudiantes, abrió en septiembre pasado la posibilidad de que el caso diera un giro, pero esa búsqueda no se realizó.

En lugar de brindar justicia y encontrar la verdad de los hechos, el gobierno ha mantenido una confrontación con los padres de los 43 normalistas desaparecidos, escenario que ha interrumpido el orden institucional y el llamado Estado de derecho en menoscabo de las garantías individuales.

Las víctimas y sus familiares se han vuelto víctimas también del Estado.

Durante estos dos años y medio las autoridades federales no sólo no han esclarecido y castigado el ataque contra los estudiantes, sino que han sido el principal obstáculo para ello y han movilizado y dirigido la fuerza del gobierno contra los padres demandantes de justicia.

Por desgracia, no existe ninguna señal, ningún indicio de que eso pueda cambiar en lo que resta del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

La prueba más reciente de ello es la posición que Campa Cifrián llevó a la CIDH el viernes pasado.

[email protected]

El regreso de la terca “verdad histórica” La ratificación de la teoría del basurero de Cocula como explicación final de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hecha el viernes pasado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, devuelve el caso a los días de noviembre de 2014 y enero de 2015, fechas en las que el ex procurador Jesús Murillo Karam dio a conocer en conferencias de prensa la llamada “verdad histórica”.

En la audiencia realizada ese día en Washington, Campa Cifrián dijo que “me parece que podemos decir hoy que no se ha consolidado otra hipótesis, que no hay consolidada otra línea de investigación y que no se ha encontrado a ninguno de los normalistas, a ninguno de los muchachos vivos o muertos”.

El funcionario expuso que esta teoría “significa un enorme dolor” para los padres y las familias de los estudiantes, pero a continuación les pidió aceptar la versión de que fueron asesinados y calcinados en ese lugar.

La posición expresada con tal contundencia por el gobierno de México en la CIDH implica el abandono de las otras líneas de investigación que han salido a flote en estos dos años y medio transcurridos desde el 26 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes fueron atacados y desaparecidos en Iguala.

Implica además el abandono total de la investigación realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la CIDH a principio de 2015, cuyos resultados demostraron la imposibilidad técnica de que en el basurero de Cocula se haya producido un fuego de las dimensiones requeridas para calcinar a los normalistas hasta la extinción absoluta.

En abierta contradicción con esa declaración, la representación oficial encabezada por Campa Cifrián dijo sin embargo a la CIDH que el gobierno (es decir la Procuraduría General de la República) ha atendido todas las recomendaciones y líneas de investigación que los expertos del GIEI le presentaron al concluir su tarea hace un año. (La Jornada, 18 de marzo de 2017).

Esto último, que la PGR sigue las recomendaciones de los expertos, es falso, pues la primera de las conclusiones del GIEI fue que los estudiantes de Ayotzinapa no fueron incinerados en el basurero de Cocula, ni siquiera algunos de ellos.

La conducta de la PGR ha sido la opuesta, pues ha desatendido con un visible desprecio esas recomendaciones. (Recordemos al respecto que, en una confirmación adicional, la revista científica Science publicó en septiembre de 2016 un artículo sobre los resultados de un experimento realizado en Australia por el experto en fuego José Torero, quien colaboró con el GIEI y con anterioridad había llegado a la conclusión de que en el basurero de Cocula no hubo un fuego de las dimensiones requeridas para incinerar los cuerpos de los 43 estudiantes.

La revista reportó que el experimento de Torero consistió en incinerar “hasta cuatro cerdos a la vez y determinó que la hoguera necesaria para consumir unos 43 cuerpos no podría haber ardido en el basurero”.

Explicó que según las estimaciones de Torero, para incinerar por completo 43 cuerpos de la manera descrita por los miembros del cártel Guerreros Unidos, versión en la que se basa la “verdad histórica”, hubiera sido necesario apilar entre 20 mil y 40 mil kilos de madera.

Además, dijo la revista, “el científico puso en duda que fuera posible eliminar casi por completo la materia orgánica de los restos con un incendio a fuego abierto, en lugar de hacerlo en un horno”).

El gobierno federal y la PGR han ignorado esa conclusión central del GIEI y, contra todas las demostraciones científicas, se obstina en la defensa de la “verdad histórica”, según las cual los estudiantes fueron confundidos por los sicarios del cártel de los Guerreros Unidos con integrantes de la banda rival de Los Rojos, en complicidad con la policía municipal de Iguala atacados, detenidos y luego trasladados al basurero de Cocula, donde fueron ejecutados e incinerados.

Entre las cosas que la PGR no ha investigado ni quiere investigar se encuentra el hallazgo realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que establece que un grupo de los 43 jóvenes fue trasladado a Huitzuco por policías federales y agentes de ese municipio situado al sur de Iguala.

No hay hasta ahora una explicación de la PGR que sustente la negativa a seguir los hechos señalados por la CNDH, detrás de lo cual se advierte el interés de impedir que las investigaciones toquen a la Policía Federal, pese a los testimonios y pruebas que incriminan a efectivos militares y a agentes federales en el ataque, en el menos peor de los casos como observadores pasivos de la tragedia.

La búsqueda que la PGR se propuso realizar en 40 posibles fosas clandestinas en las cercanías de Iguala, en las que se sospechaba podrían haber sido sepultados los estudiantes, abrió en septiembre pasado la posibilidad de que el caso diera un giro, pero esa búsqueda no se realizó.

En lugar de brindar justicia y encontrar la verdad de los hechos, el gobierno ha mantenido una confrontación con los padres de los 43 normalistas desaparecidos, escenario que ha interrumpido el orden institucional y el llamado Estado de derecho en menoscabo de las garantías individuales.

Las víctimas y sus familiares se han vuelto víctimas también del Estado.

Durante estos dos años y medio las autoridades federales no sólo no han esclarecido y castigado el ataque contra los estudiantes, sino que han sido el principal obstáculo para ello y han movilizado y dirigido la fuerza del gobierno contra los padres demandantes de justicia.

Por desgracia, no existe ninguna señal, ningún indicio de que eso pueda cambiar en lo que resta del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

La prueba más reciente de ello es la posición que Campa Cifrián llevó a la CIDH el viernes pasado.

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