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CIUDAD DE MÉXICO, 20 de julio de 2019.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un respetuoso llamado a las autoridades de nuestro país para que, mediante las instancias diplomáticas correspondientes, se presenten las acciones oportunas para velar por el pleno respeto de los derechos humanos de las personas en contexto de migración ante las enmiendas concernientes a los procedimientos de asilo en los Estados Unidos de América, con el fin de que el asilo y refugio sean una prerrogativa a la que pueda acceder cualquier persona, haciendo vigente el principio de no devolución.
Este Organismo Constitucional Autónomo advierte que enviar a quien solicita asilo o refugio a un tercer país, sin que se realice previamente una evaluación individualizada sobre los riesgos de persecución en dicha nación, vulneraría el “Principio de No Devolución”; además, podría enfrentar persecución de devolverle a su país de origen, como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso “John Doe y otros c. Canadá”.
La CNDH destaca con particular interés la situación en la que, con dichas medidas, se colocaría a los cientos de niñas, niños y adolescentes solicitantes de asilo quienes, según lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 21/14, no se les puede rechazar en la frontera sin un análisis adecuado o individualizado de sus peticiones con las debidas garantías, y se les debe escuchar para resolver de acuerdo con su mejor interés, e incluso las opiniones de sus padres o tutores no pueden remplazar las expresadas por las personas menores de edad y las autoridades fronterizas no deben impedir el ingreso de su solicitud de asilo o refugio, por lo que se les debe dar debida atención por personal especializado capaz de identificar las necesidades particulares de protección, de acuerdo con su interés superior.
Si bien el Gobierno mexicano ha expresado que no coincide con las mencionadas medidas que limitan el acceso al asilo y refugio, lo cierto es que en la práctica con los nuevos criterios publicados por el Departamento de Seguridad Interior y el Departamento de Justicia, ambos del gobierno estadounidense, en los hechos nuestro país se convertiría en un “tercer país seguro”, ya que la gran mayoría de las personas extranjeras que ingresan de forma irregular a la Unión Americana transitan por territorio nacional.
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