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OAXACA, Oax., 7 de septiembre de 2018.- Fracasa en Oaxaca el sistema de procuración y administración de justicia en el caso de María del Sol, dio a conocer el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad en Oaxaca.
En un comunicado mencionó que de nueva cuenta en el estado de Oaxaca queda manifiesta la ineptitud de las instituciones de procuración de justicia al no poder integrar de manera consistente una investigación que lleve al esclarecimiento de los hechos en los que perdió la vida la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, junto a la candidata a segunda concejala Pamela Terán Pineda y su escolta Adelfo Guerra Jiménez el pasado 2 de junio en la ciudad de Juchitán.
La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado el día 4 de septiembre donde argumentó haber presentado datos de prueba suficientes ante el Juez de Control de Juchitán, Omar Morales Simón; sin embargo, mostró una actuación deficiente al no poder sustentar su teoría del caso en la cual asegura que Jehú G.L es autor material del triple asesinato.
Cabe destacar la relación de parentesco entre el imputado y los hermanos Francisco y Hageo Montero López, el primero ex secretario de Asuntos Indígenas (SAI) del gobierno que encabeza Alejandro Murat Hinojosa, y el segundo actual regidor en el gobierno de Juchitán y ex candidato a la presidencia municipal de ese municipio istmeño, quienes propiciaron el bloqueo de carreteras en la región del Istmo tras la detención de Jehú G.L. y una protesta durante las 20 horas que duró la audiencia.
Asimismo, recalcar que María del Sol Cruz Jarquín, jefa del Departamento de Comunicación Indígena Intercultural en la SAI, dependencia del gobierno estatal, fue obligada por el entonces titular de esa dependencia estatal, Francisco Montero López, a trasladarse a Juchitán de Zaragoza para apoyar la campaña de Hageo Montero López desde finales de abril pasado.
Misma versión que el ex titular e incluso el imputado han intentado desvirtuar.
Se constituyó con esta acción la responsabilidad de ex funcionario público y del regidor de Juchitán, entonces candidato, la presunción de un delito electoral, que hoy sabemos no ha sido judicializado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
Las dificultades para el acceso a la justicia en este caso demuestran una vez más que para el Estado la vida de las mujeres no importa pues lanza un claro mensaje de permisibilidad e impunidad.
A pesar de que días atrás se declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Oaxaca y los tres poderes de gobierno en el estado tendrían que generar acciones emergentes para prevenir, sancionar y erradicar esta problemática.
Desde las diversas organizaciones de la sociedad civil que suscribimos condenamos la deplorable actuación de la Fiscalía Regional del Istmo así como la tenue valoración de prueba realizada por el Juez de la causa que le otorgó libertad al único señalado por la Fiscalía como responsable del crimen.
Asimismo, expresamos nuestra preocupación por la vida y seguridad de Soledad Jarquín Edgar y su familia, razón por lo cual le demandamos al estado llevar a cabo todas las acciones necesarios para que puedan ejercer su derecho a la justicia y a la verdad.
Exigimos: