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El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila viajó recientemente a Europa junto con su esposa para conmemorar un acto estrictamente personal: su 40 aniversario de matrimonio.
Lo hizo durante el receso legislativo, sin ejercer funciones públicas, sin representar a institución alguna y utilizando recursos propios.
Aun así, ese viaje fue convertido en una narrativa de descalificación. Pero el centro del debate no es el viaje. Veamos.
Primero. ¿Dónde termina la vida privada de un servidor público y dónde comienza su responsabilidad institucional? La respuesta no puede quedar al arbitrio de la percepción pública ni de criterios morales fluctuantes. Debe fundarse en el marco legal. En este caso, el viaje de Ricardo Monreal fue realizado durante el receso del Senado, sin representar a institución alguna, y costeado íntegramente con recursos personales. No hubo comisión oficial ni ejercicio de poder. A partir de allí, todo juicio debe partir de un principio elemental: lo que no está prohibido por la ley, está permitido. No se interrumpió ninguna función pública ni se dispuso de recursos estatales.
Lo que ocurrió fue el ejercicio del derecho al descanso y a la vida privada, amparado por el artículo 1º constitucional, que protege el libre desarrollo de la personalidad, la intimidad y la vida familiar.
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