Seguridad: élites no quieren, fracaso del Acuerdo de 2008

Seguridad y Defensa

A partir de la indignación social que provocó el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la sierra tarahumara, los diferentes sectores de la sociedad mexicana están exigiendo un acuerdo de Estado en materia de seguridad. Pero a partir del asesinato del joven Alejandro Martí en 2008, sociedad y gobierno suscribieron un pacto de Estado de 74 decisiones con fechas concretas de resultados que nunca cumplieron.

A la hora de las grandes decisiones, todos los grupos críticos e institucionales revelan la demagogia de sus palabras. Inclusive, si se recuerda, el empresario Alejandro Martí, dolido aún por el secuestro y asesinato de su hijo, conmino a la élite gobernante a renunciar a sus cargos si la vara del desafío de seguridad les quedaba demasiado alta.

El día en que se criminalice la demagogia pública y privada que tiene repercusiones en la sociedad, ese día quizá el país se acerque a una posible solución del problema de la inseguridad. Estallada la crisis de seguridad en 1985 con el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y la inusitada presión estadounidense sobre México para permitir que la seguridad mexicana quedar en manos estadounidenses, la respuesta gubernamental fue tibia y el problema se agravó hasta diciembre de 2006 en que el presidente Felipe Calderón Hinojosa tomó la decisión de militarizar el combate a la inseguridad y le declaró la guerra a los cárteles y bandas, aunque año y medio después la crisis de seguridad fue más grave y condujo al acuerdo de 2008.

El asesinato de dos sacerdotes jesuitas en junio de este año aumentó la indignación social y exigió, en el mejor de los casos, la propuesta de sectores de la sociedad para crear un pacto de Estado en materia de seguridad. En el papel y en el discurso de indignación, ese gran acuerdo nacional no ha pasado de ser demagógico, para decir lo menos.

El 25 de agosto de 2008 toda la sociedad civil política y gubernamental firmó el acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad, bajo la responsabilidad directa del presidente Calderón. El acuerdo fue firmado por funcionarios, gobernadores, senadores, diputados, alcaldes, organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación, cuyo texto íntegro se puede consultar en internet: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5057719&fecha=25/08/2008#gsc.tab=0

El Acuerdo partió del reconocimiento de que la estructura institucional y legal era insuficiente para combatir a las bandas delictivas y que se requería de una gran reforma de todo el aparato del Estado para construir un nuevo andamiaje legal contra la delincuencia. Lo importante de este acuerdo fue que cada una de las 74 propuestas llevaba el compromiso temporal de las reformas institucionales y comprometida al sector legislativo a desahogar las reformas indispensables.

Solo como ejemplo aquí se recuerdan los cinco compromisos centrales que conducirían reformas complementarias en materia de depuración y fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de Justicia:

1.- Crear un modelo nacional de evaluación y control de confianza, con tiempo de ejecución de cuatro meses.

2.- Impulsar la creación de centros estatales de control de confianza certificados, con tiempo de ejecución de un año.

3.- Evaluación permanente al personal de seguridad y justicia, con tiempo de ejecución de un año,

4.- Un Sistema Nacional de desarrollo policial, con tiempo de ejecución de seis meses.

5.- Y un sistema nacional de desarrollo de los ministerios públicos con tiempo de ejecución de dos años.

Todos los compromisos del Acuerdo llevaban de manera muy precisa el compromiso y la temporalidad de puesta en marcha y partieron del principio institucional de que la política de seguridad es una política de Estado, y se acompañaba de siete premisas adicionales: coordinación federal, compromiso de ejecución, incorporar a ciudadanos, responsabilizar a los medios de comunicación, implantar la rendición de cuentas, consenso ciudadano y compromiso de que las decisiones trasciendan los periodos temporales de los funcionarios públicos.

A la vuelta de catorce años, ni quien se acuerde en el sector público de ese Acuerdo de Estado, a pesar de que muchos de los firmantes siguen teniendo vigencia en algunos otros cargos públicos de designación o de elección popular. Muchos de los acuerdos se echaron a andar por decisión burocrática, pero sin una consideración integral. Y es la hora en que todos los niveles de gobierno y todas las oficinas públicas y ciudadanas se culpan unos a otros de la responsabilidad de las altas tasas de inseguridad que hoy son mayores a las del 2008 y desde luego muy superiores a las de 1985.

Los que hoy piden un pacto de Estado deberían partir de algún tipo de evaluación crítica y sancionadora contra los funcionarios y líderes sociales que firmaron el acuerdo de 2008 y no se preocuparon por establecer mecanismos de evaluación y rendición de cuentas. Y desde luego, no renunció ninguno de los funcionarios que de manera evidente probó que la vara de inseguridad le había quedado muy alta, inclusive algunos de los que dijeron, sin pudor, que le tomaban la palabra a Alejandro Martí y que renunciarían si fracasaban en el intento.

Lo grave de estas evaluaciones es que resultan pesimistas. Sin embargo, no hay otro camino que un acuerdo plural, social, político y ciudadano para definir nuevos compromisos de adecuación, primero, del aparato de seguridad y justicia y la funcionalidad, después, de las estructuras encargadas de combatir la inseguridad ciudadana, pública y nacional.

Y sin entrar en discusiones bizantinas, es posible que no se requiera de la pomposidad de un acuerdo de Estado o de un pacto nacional para instrumentar de manera inmediata aquellas decisiones que ya se conocen sobre lo que está fallando y que no requieren de ninguna ceremonia protocolaria ni de ningún documento comprometedor.

La revisión del acuerdo de 2008 y el crecimiento del índice de inseguridad revelarían el fracaso del Estado, el gobierno y la sociedad.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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