Seguridad y Defensa | Carlos Ramírez | Biden-Harris, regreso imperial

A pesar de encuentros personales y vía internet, la autodenominada administración estadunidense Biden-Harris ha decidido seguir su propio camino en la región latinoamericana del río Bravo hasta la Patagonia y sin ningún acuerdo con los gobiernos locales, un poco por la falta de experiencia geopolítica de los dos funcionarios y bastante por la escasa voluntad de entendimiento para políticas multilaterales.

A seis meses de haber tomado posesión de la Casa Blanca, Biden-Harris han asumido decisiones unilaterales en tres temas vitales de la relación con México: la migración mexicana-centroamericana, la lucha en México contra los cárteles del crimen organizado en Estados Unidos y la respuesta judicial en tribunales especializados a las decisiones mexicanas de girar el tratado de comercio libre hacia intereses locales sin explorar las razones de reintroducción del Estado mexicano como agente productivo directo.

El problema, sin embargo, seguirá existiendo: cómo hacer funcionales decisiones unilaterales frente a determinaciones nacionalistas. La estrategia Biden-Harris hacia Centroamérica ya había sido criticada por México porque se basaba sólo en fondos de apoyo bastante restringidos a los países centroamericanos para evitar la corrupción de los gobiernos. Se fijó una meta de 4,000 millones de dólares para contener el flujo de decenas de miles de migrantes del triángulo del norte –Guatemala, Honduras y El Salvador– y de México y evitar su traslado masivo a territorio estadounidense.

No existe en la Casa Blanca un diagnóstico sobre las razones de la crisis en Centroamérica. El último fue ordenado por el presidente Ronald Reagan en 1988 y comisionó como responsable de la investigación al ex secretario de Estado Henry Kissinger, acusado de haber aplicado la fuerza imperial en países latinoamericanos, entre ellos su participación central en el golpe de Estado en Chile contra el presidente socialista constitucional Salvador Allende por obstaculizar el enfoque de seguridad nacional De Estados Unidos.

De todos modos, Kissinger realizó su estudio y le dio un enfoque ideológico de guerra fría por el activismo guerrillero centroamericano usado por Fidel Castro. Por lo tanto, las conclusiones no pudieron ser otras que el señalamiento de que los países de Centroamérica carecían de viabilidad en el desarrollo y la marginación era alimentada por la ideología comunista. Nada salió como consecuencia del informe: en 1989-1991 llegó a su fin la guerra fría con la disolución de la Unión Soviética y la derrota histórica del comunismo y los gobiernos de Clinton a Trump se olvidaron de su “patio trasero”.

El caso del crimen organizado es más complejo porque no se trata de una amenaza migratoria que sea contenido con el endurecimiento y militarización de la frontera, sino que las organizaciones criminales extranjeras se instalaron en territorio estadounidense a lo largo de los últimos 20 años y tomaron el control del ingreso ilegal, la distribución territorial interna y la venta al menudeo de las principales drogas demandadas por los alrededor de 60 millones de adictos estadounidenses.

La estrategia de Biden-Harris no aporta nada de decisiones internas para desarticular a los cárteles extranjeros que controlan la venta de drogas en las calles y todo su enfoque se sustenta en el combate a los cárteles en sus países de origen. El punto más delicado radica en el hecho de que la droga y la migración han aumentado en Estados Unidos por el alto grado de corrupción de funcionarios estadounidenses no solo en la frontera, sino en las principales ciudades en las que la venta de drogas en las calles sigue creciendo.

Biden y Harris y la comunidad de servicios civiles militares y privados de inteligencia y seguridad nacional de Estados Unidos no fueron capaces de llegar a un diagnóstico realista de las razones reales que han aumentado la presión de migrantes ilegales tratando de ingresar a territorio estadounidense y que han incrementado el tráfico de drogas y sobre todo el aumento en el contrabando, procesamiento y consumo de drogas consideradas venenos como el fentanilo. En ambos temas, la Casa Blanca intentó un acercamiento con los gobiernos de México y Guatemala, pero más como justificación previa a las decisiones que con el interés de encontrar soluciones multinacionales a problemas que involucran a países de la región.

El enfoque estadounidense a los problemas de inversiones norteamericanas en sectores energéticos de México por la determinación del gobierno del presidente López Obrador de reconstruir el poder predominante del Estado y sus empresas en esas áreas se ha quedado en la respuesta de presión diplomática intensa y no de disputa en tribunales respectivos. El desafío para Estados Unidos se localiza en el hecho de que el presidente de México está modificando la estructura legal para fortalecer el papel del Estado en el sector energético y de hidrocarburos, sin importar los costos económicos y de sanciones y sin preocuparse por las amenazas diplomáticas de Washington.

En el fondo, la administración Biden-Harris ha sido incapaz de entender el tiempo histórico de la región, de comprender los efectos en la autonomía relativa de los países latinoamericanos que causó el estilo aislacionista de Donald Trump y que también fue consecuencia del desentendimiento en que cayó la región desde 1991. La Casa Blanca ahora intenta regresar al enfoque unilateral y unidireccional del viejo imperialismo, pero en un tiempo histórico de consolidación de gobiernos populistas y contrarios a los intereses del modelo económico capitalista de Washington.

Lo malo para las decisiones de la administración Biden-Harris se encuentra en el hecho de que son insuficientes, de corto plazo e impuestas por la fuerza, excluyendo la indispensable participación que deben tener los países de la región para darles a esos nuevos programas cuando menos un horizonte de exploración positiva en el corto plazo.

De ahí la certeza de que América Latina será el principal fracaso geopolítico y nacional de la administración Biden-Harris.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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