Seguridad y defensa | Carlos Ramírez | Crece crimen organizado

Algo hay que hacer… y rápido

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de mayo de 2021.- La estrategia federal de seguridad pública parece haber topado con pared. La decisión de no perseguir capos debió de haber logrado una distensión entre bandas y mayor tranquilidad en comunidades. Sin embargo, parece que los grupos criminales vieron más bien un descuido del Estado y han estado expandiendo sus actividades y controles.

La crisis en Valle de Bravo tiene un análisis estratégico: la candidata del PRI-PAN-PRD fue amenazada de muerte por una banda criminal para dejarle el espacio a la candidata de Morena. No se trataba de ejercitar actividades criminales, sino de influir en la recomposición política local. Y en lugar de provocar una acción del Estado para perseguir y desmantelar esa banda, la decisión fue dotar de seguridad a la candidata amenazada, pero dejando la disputa territorial por el poder.

El problema se ve como de táctica y estrategia. La estrategia de construcción de la paz fue fundamentada al iniciar el gobierno, pero las tácticas han disminuido su accionar. Si el gobierno federal no quiere regresar a la guerra del Estado contra los narcos y la respuesta violenta de los criminales, de manera táctica puede ir desmantelando grupos con labores de inteligencia. La visibilidad del grupo en Valle de Bravo mostró un problema latente, porque se trata de una zona visitada por personas de alto nivel de vida. Y no hay datos de las extorsiones, secuestros y presiones criminales sobre la población.

La metodología estadística mensual sobre la inseguridad no alcanza a cubrir todo el escenario criminal. En realidad, se documentan delitos registrados en actas de investigación. Podría existir en los escritorios de los funcionarios de seguridad otras percepciones, pero no conocemos el padrón de las bandas criminales, no sabemos la expansión de actividades y no tenemos información oficial de las zonas del Estado controladas por los cárteles. Estos datos son vitales para tener una idea real del problema de la inseguridad.

Los delitos por sí mismos no alcanzan a explicar la composición, reforzamiento, áreas de control y expansión de los cárteles. Tampoco revela el control de los grupos delictivos de zonas concretas, como lo exhibió la crisis en Aguililla, Michoacán, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene el control del municipio. Ni lo que ocurre a nivel de actividad de dominación delictiva en Valle de Bravo. O el dominio territorial de pequeñas bandas en Ciudad de México.

El activismo creciente de los grupos criminales es una prueba de que la estrategia de construcción de la paz tiene sus limitaciones operativas. Hasta ahora no se han sabido explicar los datos de no persecución de delincuentes y aumento de delitos, pero no necesariamente quiere decir que haya una estrategia fracasada. Los grupos criminales parecen estar creyendo que la construcción de la paz es una decisión del Estado para no aplicar la ley en zonas criminales.

La estrategia de construcción de la paz puede seguir como línea de acción general, pero las tácticas ante problemas de expansión criminal pueden aplicarse sin necesidad de entrar en guerra frontal violenta contra los grupos criminales. Aquí es donde se ve la carencia de un sistema nacional de inteligencia que fue anunciado con la estrategia en diciembre de 2019, pero que hasta la fecha no ha sido articulado. Y sin inteligencia, la capacidad de acción del Estado será menor.

La violencia criminal contra candidatos, en plazas donde se realizan elecciones y en estados debilitados en sus instituciones de seguridad están enviando el mensaje de que la estrategia federal de seguridad necesita hacer un alto, pasar a una revisión a fondo y definir nuevas tácticas contra bandas criminales. La presión estadunidense sobre el gobierno mexicano para atacar al Cártel Jalisco y al Cártel del Chapo es demasiado fuerte como para ignorarla, porque pronto de las oficinas de inteligencia y seguridad nacional de EEUU comenzarán a filtrarse informaciones que pueden dañar al Estado mexicano o pueden dar la impresión de una apatía en materia de seguridad.

Si no es por decisión propia, el gobierno mexicano debiera ser más sensible a las presiones estadunidenses. La coacción que vendrá de la Casa Blanca es tan fuerte que por ello el presidente Biden designó a la vicepresidenta Kamala Harris como encargada de los asuntos de migración y seguridad. Es decir, que la agenda de cárteles paso a formar parte de las estrategias de seguridad de la Oficina Oval de EEUU, con los consecuentes involucramientos de las oficinas de inteligencia y seguridad nacional sobre ese tema referido a México.

Zona Zero

·         Los feminicidios, los desaparecidos y los agredidos por delincuentes forman parte de la agenda de seguridad que tampoco parece tener prioridad en la estrategia de seguridad. Atender los temas y tener posiciones sobre ellos no implica programas específicos. Estos tres temas van a estar escalando las movilizaciones sociales hasta llegar a estallar problemas políticos en las calles. La violencia de organizaciones feministas por los feminicidios es un ejemplo de como la desatención oficial multiplica la tensión social.

·         La visita personal de la vicepresidenta Kamala Harris tendrá más efectos de imagen que de programaciones de acuerdos. En la jerarquización de problemas el tema de las bandas criminales ha pasado a segundo lugar por la prioridad migratoria proveniente de Centroamérica. La crisis de gobierno en El Salvador y en Honduras y la corrupción en Guatemala han sido detectadas en Washington, pero sin que puedan precisar algunas acciones concretas.

·         La crisis en Colombia por las protestas sociales sorprendió a todos los analistas: no estaba en el radar. La capacidad de resistencia de la sociedad colombiana había logrado asimilar el gran colapso de la violencia del narco por Pablo Escobar. Pero el uso de la fuerza para encarar una protesta social y política en las calles ha desestabilizado al gobierno. Y pronto vendrá también un estallamiento de protestas en Brasil por la represión policiaca en las favelas.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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