Seguridad y reforma judicial-penal

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de enero de 2020.- La filtración de páginas de la iniciativa de reforma judicial-penal que prepara el gobierno federal revelaría una nueva fase de endurecimiento de la fuerza del Estado para combatir al crimen organizado. En los hechos, esta reforma completaría la realizada en 2019 con la creación de la Guardia Nacional como un cuerpo federal único contra las bandas delictivas.

El contenido de esta gran reforma debe cruzarse con dos hechos tensionados: un año de estrategia nacional de seguridad y los saldos persistentes de delitos y homicidios. Las críticas a los resultados se han convertido en argumento de debate sobre la viabilidad de la estrategia de seguridad para el año que acaba de comenzar.

El enfoque de la estrategia de seguridad del año pasado fue de tipo social, reconociendo el hecho de que muchos delitos han sido motivados por la pobreza. La tesis central de que aumentar el bienestar disminuiría la delincuencia necesita de un horizonte de análisis más allá de un año atípico.

Sin embargo, la reforma judicial-penal parece contradecir el sentido social de la estrategia, porque vuelve a introducir endurecimientos en arrestos, prisiones preventivas, acusaciones, sanciones y encarcelamientos. Y queda por evaluar si el regreso a técnicas fracasadas sería el mejor camino para combatir a bandas delictivas más desorganizadas, masivas y sobre todo con la presencia incómoda de organismos de derechos humanos.

Aunque no se conocen de manera total las iniciativas de la reforma, lo que se ha difundido tiene que ver más con el proceso judicial-penal que con estrategias de bienestar social y ofrecerían una versión diferente, desarticulada. Y como tercer elemento, faltaría por tener una mejor evaluación de los resultados funcionales de la Guardia Nacional ya completada su fase de organización y de manera sobresaliente lo que tienen que hacer gobernadores y alcaldes para replantar casi desde su origen sus cuerpos de seguridad.

Al cumplir un año de gobierno, la estrategia nacional de seguridad no ha presentado un informe integral, articulado y completo de sus resultados. Las cifras mensuales-anuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública solo acumulan conteo de averiguaciones y datos de violencia. Las comparaciones estadísticas con años anteriores carecen de contexto, argumentaciones y cruce de objetivos cumplidos-incumplidos.

El peor dato de la seguridad en 2019 radica en la falta de compromiso y decisiones de gobernadores y alcaldes. En diciembre hubo de haber reuniones de emergencia de gobernadores con el presidente de la república para seguir discutiendo lo mismo: la inseguridad no se resolverá a nivel nacional si no se atiende con diligencia y decisión en los niveles estatales y municipales. Hasta ahora ningún gobernador ha reformado sus cuerpos de seguridad de manera integral y sólo algunos han invertido sólo en capacitación, pero todavía sin articulación nacional.

El dato que revela la desorganización de seguridad a nivel estatal y municipal lo exhibió la encuesta de percepción de inseguridad del INEGI: la diferencia entre la percepción baja de inseguridad de 18.9% en Mérida y alta de 92.7% en Puebla. La estrategia es nacional en contabilidad de averiguaciones previas, pero no de programas y planes asociados.

Antes de presentar las reformas al modelo judicial-penal, los tres niveles de gobierno debieran de entregar un diagnóstico de la inseguridad, una evaluación de lo logrado y no logrado en 2019 y un replanteamiento de articulación entre la estrategia de seguridad y el nuevo modelo judicial-penal.

Ley de la Omertá

A propósito de las amenazas contra el columnista Héctor de Mauleón, de El Universal, sólo puede decirse que el periodismo está dando mejores resultados que la estrategia de seguridad del Estado. Los medios revelan, señalan, delatan, exigen y desenmascaran.

En julio de 2017 se publicó el libro Javier Valdez Cárdenas. Periodismo escrito. Antología periodística. Textos que ninguna bala podrá callar, selección de César Ramos, en el que se publican narraciones del periodista asesinado en mayo de 2017 en las calles de Culiacán, Sinaloa, y cuya autoría no ha sido resuelta por las autoridades.

Se trata de 24 capítulos con textos diversos del periodismo criminal de Valdez, revelando los resortes sociales del crimen organizado y su inmersión en la realidad cotidiana de la sociedad. Es la aportación de un periodista y escritor a la revelación del mundo de la inseguridad en el microcosmos de Sinaloa.

Después de leer esos textos queda la amarga conclusión de que nadie sabe nada de lo que todos sabían: el narco como modo de vida cotidiano. En el libro de textos de Valdez se exhibe la descomposición de la sociedad, la complicidad de las autoridades con el crimen organizado y la falta de una decisión de Estado para sacar de la raíz social las ramificaciones del crimen organizado.

La muerte de Valdez, su investigación empantanada y el expediente sólo judicial revelan que el infierno social del crimen organizado y sobre todo del narcotráfico requiere de una voluntad de Estado que no existe.

Zona Zero

• Las leyes de la lógica dicen que la repetición de decisiones tiende a repetir los resultados. La estrategia de seguridad ha dado pocos efectos positivos y los negativos son producto de decisiones recurrentes. Si no va a haber cambios en la estrategia, entonces nada puede adelantar resultados diferentes.

• Viene un choque entre estrategia de seguridad y el Cártel Jalisco Nueva Generación, sobre todo porque EU está exigiendo acciones contra esta organización que sería la segunda más fuerte en territorio estadunidense. EL CJNG es hoy el más fuerte en México, se encuentra en una lógica de expansión criminal y ha configurado un grupo de fuerza armadas que sería superior a la de la Guardia Nacional.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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@carlosramirezh