Sistema de justicia solo alcanza sentencia en 1% de casos: Hugo Aguilar

OAXACA, Oax., 26 de agosto de 2026.- El sistema de justicia mexicano apenas alcanza una sentencia en 1% de los asuntos que requieren atención, mientras 93% no recibe siquiera el apoyo de un abogado, expuso el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.

Al impartir la conferencia magistral por el Bicentenario de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), el ministro presidente sostuvo que las cifras de 2024 muestran un problema que no puede resolverse únicamente aumentando la carga de trabajo de jueces y magistrados.

Explicó que de la totalidad de asuntos que requieren algún mecanismo de justicia, 93% no recibe acompañamiento de un abogado, asesor, mediador u otro apoyo jurídico; solo 7% alcanza algún tipo de asistencia y una proporción todavía menor llega ante los tribunales.

“Aun pidiéndole a todos los magistrados y jueces: trabajen 24 horas al día, saquen todos sus asuntos, resuélvanlos; aun en esas condiciones estamos atendiendo el 1%”, señaló.

Aguilar Ortiz afirmó que el desarrollo actual del sistema de justicia es “problemático” y consideró necesario revisar el modelo si la justicia continúa siendo uno de los valores fundamentales a los que aspira la sociedad.

Su diagnóstico fue más allá de la operación de juzgados y tribunales.

El presidente de la Corte sostuvo que diversos componentes sobre los que se construyó el Estado de derecho enfrentan hoy una crisis, entre ellos la representación política, la definición del interés público y la propia relación entre las instituciones y la sociedad.

“Varios aspectos emblemáticos del Estado de derecho han fracasado”, expresó.

En materia de representación política, cuestionó hasta qué punto quienes llegan a los órganos legislativos expresan efectivamente las necesidades y la voluntad de la población.

Recordó que, en su concepción clásica, un diputado representa a un sector social y la suma de los representantes tendría que traducirse en voluntad popular; sin embargo, señaló que ese principio entró en crisis y abrió paso a mecanismos como el parlamento abierto y los procesos de consulta.

Para Aguilar Ortiz, persiste una deuda en la construcción de una voluntad popular auténtica, luego de que durante años élites políticas y económicas adquirieran capacidad para incidir en la elaboración de las leyes.

Planteó además una segunda interrogante: quién define realmente qué constituye el interés público.

El ministro señaló que decisiones gubernamentales y expropiaciones han sido justificadas históricamente bajo ese principio, aun cuando comunidades enteras resultaron afectadas.

Citó como ejemplo a poblaciones impactadas por la construcción de las presas Cerro de Oro y Miguel Alemán, donde, dijo, todavía existen personas y comunidades que reclaman indemnizaciones o tierras.

Aguilar Ortiz consideró que estas experiencias obligan a revisar la manera en que se construyen y legitiman las decisiones públicas y destacó la importancia adquirida por los procesos de consulta para garantizar que la voz de las comunidades tenga un peso efectivo.

También cuestionó la transformación que experimentó la función pública.

A partir de su propia experiencia como abogado de comunidades y posteriormente como servidor público, relató que al asumir un cargo gubernamental percibió una inmediata pérdida de confianza entre algunas de las personas a las que antes acompañaba jurídicamente.

“Ya no hablamos con él, ya es funcionario público”, recordó que le decían.

El ministro atribuyó esta distancia a una concepción patrimonialista del poder, bajo la cual algunos servidores públicos llegan a considerar el cargo, los recursos y las instituciones como propios, en contradicción con el principio de que el poder público surge del pueblo y debe ejercerse para su beneficio.

El presidente de la Corte vinculó estas fallas institucionales con la histórica exclusión de pueblos indígenas, mujeres, niñas y niños y personas de la diversidad, cuyos reclamos de derechos, expuso, revelan que durante décadas las instituciones y el sistema de justicia fueron incapaces de comprender plenamente sus realidades.

En Oaxaca, añadió, la insuficiencia del sistema formal de justicia ha coexistido con mecanismos comunitarios que resuelven una parte de los conflictos cotidianos.

Mencionó la intervención de consejos de ancianos, autoridades municipales, síndicos y otras figuras comunitarias que atienden desde controversias sobre tierras hasta asuntos familiares y sucesorios.

Para Aguilar Ortiz, esas prácticas no deben analizarse únicamente como mecanismos alternativos, pues forman parte de sistemas normativos y formas de organización que durante décadas continuaron funcionando incluso cuando el Estado no les reconocía plenamente carácter jurídico.

Recordó que cuando cursó la carrera de Derecho en la UABJO, durante la década de los 90, todavía predominaba la idea de que únicamente el Estado podía producir normas y que no existía otra fuente legítima del Derecho.

La realidad oaxaqueña, sostuvo, demostró lo contrario.

Puso como ejemplo a comunidades indígenas que elegían a sus autoridades mediante asambleas, pero durante años debieron adecuar formalmente esas decisiones al sistema de partidos políticos para obtener reconocimiento oficial.

La elección real ocurría en la comunidad y posteriormente se hacía coincidir el procedimiento formal con aquella decisión, explicó.

“¿Qué estaba pasando ahí? Simulación jurídica”, planteó.

Para el ministro presidente, ese fenómeno mostraba cómo “la realidad rebasó la norma” y obligó paulatinamente al reconocimiento constitucional de instituciones y sistemas comunitarios que antes eran considerados ajenos al Derecho.

Fue en ese punto donde Aguilar Ortiz colocó a Oaxaca como un espacio central para pensar nuevas formas de justicia.

“Creo que Oaxaca es la cuna de un nuevo pensamiento jurídico-social-económico”, afirmó.

Incluso planteó que la entidad “puede ser la cuna de un aporte civilizatorio”, debido a que mantiene identidad, normas, instituciones, autoridades y formas propias de organización capaces de contribuir a la discusión sobre cómo construir sistemas de justicia más cercanos a la realidad social.

Consideró que Oaxaca constituye un escenario y un laboratorio desde el cual pueden surgir aportaciones no solamente para el estado, sino para México e incluso para otros países.

Aguilar Ortiz presentó estas reflexiones durante la conferencia Pluriculturalidad, Transformación y Estado de Bienestar. La UABJO, retos y perspectivas, celebrada en el Edificio Central de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales como parte de las actividades por los 200 años de la Universidad.

El presidente de la Suprema Corte, egresado de la propia UABJO, recordó que hace 200 años el Instituto de Ciencias y Artes representó una ruptura con el modelo educativo de su época y contribuyó a formar profesionistas capaces de construir una nueva concepción de la ley, las instituciones y la vida pública.

Dos siglos después, planteó, la Universidad enfrenta nuevamente el desafío de analizar críticamente las instituciones existentes y contribuir a responder a una realidad que, como ocurrió con los sistemas normativos indígenas de Oaxaca, en muchas ocasiones avanza más rápido que las propias leyes.