Sistema Nacional Anticorrupción y su aplicación en Oaxaca

OAXACA, Oax., 27 de febrero de 2018.- Hablar de “corrupción” sería tanto como debatir sobre los orígenes de la pobreza en México, la falta de oportunidades, educación, empleo o desarrollo económico que existe en nuestro país; un tema propio del análisis o discusión de cualquier experto en la materia, trascendental para alcanzar soluciones y de interés general para generar la reconciliación entre quién propone y a su vez critica.

De todo lo anterior existe algo en particular que acompaña al mexicano, repudia y avergüenza, pero lamentablemente se contagia, rehén de las circunstancias, cáncer del que todos hablan y que nadie se adjudica. Corrupción: calificativo para responsabilizar a servidores públicos o mal gobierno, aunque por alguna extraña razón, resulta incomprensible asimilar como después de tantos años ese “mal” aún se conserva entre la sociedad.

¿Qué es la corrupción?

¿Responsabilidad compartida, efímera vocación de servicio o nula preservación de valores?

Corrupción: término utilizado para responsabilizar al “mal” gobierno del poco-nulo desarrollo económico-social que existe en nuestro país.

-Expresión que abandonó sus orígenes de injusticia para convertirse en “cotidianidad” de la sociedad mexicana.

Corrupto: calificativo utilizado para hacer mención del ciudadano que aún piensa: “el que no tranza, no avanza”; da cátedra de los apremiantes valores de casa y predica con el ejemplo en tanto le resulte su función en el día a día.

La corrupción lacera algo más que la economía y desarrollo de los mexicanos, síntoma que acrecienta con el paso del tiempo y se desenvuelve en las nuevas generaciones; problemática que requiere y exige algo más que “soluciones” -“voluntad” de hacer y decir las cosas sin miedo a, principalmente de la inminente plusvalía de valores que persistan en casa.

Durante 2015 el Congreso del Estado de Oaxaca realizó modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, acción que derivó en algo más que la separación de la Procuraduría General de Justicia; alcanzó su autonomía y denominación de “Fiscalía General”, lo que dio paso a la creación de fiscalías especializadas, entre ellas la que nos ocupa: “La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción”, hasta antes de las modificaciones en turno la llamada: “Subprocuraduría Contra Servidores Públicos”.

Ilusamente imaginar poco antes de la “Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción”, una institución dependiente económicamente del ejecutivo, pudiera sancionar a servidores públicos; nada equivocado suponer sería tanto como denostar la imagen de quién pregona y provee de insumos en la procuración de justicia, equivocado más no imposible, por lo menos cuidando las formas, aseguran los que saben de la política interna.

El 9 de junio de 2017 la 63 Legislatura tuvo a bien designar al primer Fiscal Anticorrupción en Oaxaca, responsable de perseguir y sancionar actos corrupción o delitos cometidos por servidores públicos; por encima de dicha encomienda, sembrar las bases del combate a la corrupción en uno de los estados más pobres del país.

Con tan negativo antecedente, no por ello menos importante, la creación de la “Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción” generó expectativas en la opinión pública, clave toda vez que arrancaba una nueva administración y los servidores públicos salientes no contaban con los mejores antecedentes; una credibilidad cuestionable a consideración de la memoria y perspectiva de nuestro lector.

La responsabilidad entonces, no solo cambiar la perspectiva ciudadana, sino actuar objetiva e imparcialmente para aterrizar con éxito las investigaciones en turno, evitar una inadecuada interpretación de actos de corrupción por una atenuante cacería de brujas o represalia política, esas que dicen los que saben, se facturan en campaña y cobran estando en la administración pública; sin duda cualquiera que fuese el resultado, el tema resulta fundamental para los comicios del 2018.

Hasta ahora el término “corrupción” pareciera una conducta propia del eje gubernamental sin importar partido o candidato en turno; sería hasta la publicación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que se pondría sobre la mesa las bases generales y políticas públicas a ejecutar para prevenir, detectar y sancionar faltas administrativas o hechos de corrupción de índole penal, alcanzar así la fiscalización y control de los recursos públicos.

Equivocado suponer, la aprobación de esta ley terminaría apresuradamente con actos de corrupción, sin embargo existe la “voluntad” de querer y hacer las cosas, objetiva e imparcialmente, a la vanguardia de otros estados, al menos de PGR, pues la ausencia de un Procurador General de la República o “Fiscal General” a poco más de un año de cerrar la administración federal, pareciera reflejo del nulo interés de legisladores por generar políticas públicas en aras de alcanzar un verdadero combate a la corrupción en México.

El 18 de julio del 2016 el Diario Oficial de la Federación publicó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, lo que representa al menos jurídicamente la coordinación con entidades federativas o municipios para la prevención, detección, control, sanción, disuasión, fiscalización de recursos públicos y combate a la corrupción en todo el país.

Dentro de los objetivos de este sistema se encuentran: recuperar la ética del servicio público, transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y control de recursos públicos, así como implementación de sistemas electrónicos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de información que generen los órganos de gobierno; sin duda una ardua responsabilidad y labor de generar las estrategias necearías para consolidar tan importante propósito.

Pero, ¿quiénes serían los responsables de tan importante tarea?

Comité Coordinador;

Comité de Participación Ciudadana;

Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y

Los Sistemas Locales.

El Comité Coordinador compuesto por un representante del Comité de Participación Ciudadana, el titular de la Auditoria Superior de la Federación, el titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, el titular de la Secretaría de la Función Pública, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, el Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Accesos a la Información Pública y Protección de Datos Personales, así como el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Servidores públicos con la encomienda y responsabilidad del diseño, promoción y evaluación de políticas públicas en materia de combate a la corrupción, así como de evaluar, requerir información a entes públicos, emitir recomendaciones públicas y establecer una plataforma digital nacional para el vínculo de información.

El Comité de Participación Ciudadana integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio, destacados por su contribución a la transparencia y rendición de cuentas o combate a la corrupción, con la tarea de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador; momento preciso para imaginar o suponer que dichos integrantes serían ajenos u omisos a cualquier partido político o interés personal.

Ahora bien, el Sistema Nacional de Fiscalización integrado por la Auditoria Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, las entidades de fiscalización superiores locales y secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en los estados, bajo la encomienda de crear un sistema electrónico para la fiscalización de recursos, información clave para el combate a la corrupción; sin duda, una seria reflexión sobre el manejo responsable de esta información y sigilo de la misma.

Existe aún interrogantes sobre quiénes participan en el combate a la corrupción, las metas y objetivos a partir de la aprobación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, pero en el ánimo de contribuir a tan compleja labor, resulta fundamental acotar espacios y subrayar el trabajo propio de legisladores; su labor no termina con la aprobación de ninguna ley, se trata de ejecutar políticas públicas que ayuden a generar un cambio cultural en la sociedad y modificaciones al Código Penal para alcanzar un castigo ejemplar para responsables de delitos como: Cohecho, Peculado, Abuso de Autoridad, Enriquecimiento Ilícito, Tráfico de Influencias, Lavado de Dinero o Tráfico de Concesiones.

Finalmente y no por ello menos importante, el congreso debe buscar la aprobación de la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción, la única instancia que puede presentar ante la autoridad judicial a los responsables de haber cometido un acto de corrupción, así como impulsar la “Ley de Extinción de Dominio” que permitiría al estado la reparación del daño sin la necesidad de llegar al término del juicio; el tema está la sobre la mesa y la sociedad exige soluciones por encima del discurso que emanan candidatos de cara al proceso electoral del 2018 en nuestro país.