Sociedad debe conocer más sobre la desaparición forzada de personas

CIUDAD DE MEXICO, 1 de febrero de 2018.- La misteriosa detención, desaparición y localización del joven Marco Antonio Sánchez Flores, en la Ciudad de México, debe llevarnos a entender y hablar más en México sobre desaparición forzada de personas. Éste, que es uno de los delitos más abominables que pueden cometerse en contra de una persona y todos los que están a su alrededor, está considerado como de lesa humanidad. Aunque en situaciones distintas, este caso es igual de grave que la detención-desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Por eso debemos tomar la dimensión del caso y, como ciudadanos, exigir que se investigue y se sancione hasta sus últimas consecuencias.

En efecto, Marco Antonio Sánchez Flores, de 17 años, es estudiante de la Preparatoria 8 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y fue detenido por policías capitalinos el pasado 23 de enero en la colonia El Rosario, supuestamente por tomar fotografías. Un testigo dijo que el menor fue subido a una patrulla afuera de la estación del Metrobús El Rosario.

Pasaron los días y el joven no regresó a casa, por lo que su familia acudió al Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), lugar en el que se abrió una carpeta de investigación para saber qué pasó. Luego de esta denuncia intervinieron la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y organizaciones de la sociedad civil, quienes exigieron dar con el paradero del joven y acusaron a las autoridades de una posible desaparición forzada. Los usuarios en redes sociales crearon el hashtag #DóndeEstáMarcoAntonio para ayudar a la causa. Por su parte, la UNAM condenó la desaparición y exigió una investigación exhaustiva.

Ante la creciente protesta, el Gobierno de la Ciudad de México desplegó un operativo para su búsqueda. Este domingo la SSP-CDMX informó que dos de los elementos de la policía capitalina que participaron en la detención de Marco Antonio, estaban bajo arresto. La dependencia confirmó que los policías detuvieron al estudiante pero, según declaraciones de los propios agentes, lo dejaron en libertad calles próximas a la detención luego de que un ciudadano lo solicitara.
A dos de los cuatro policías detenidos se les grabaron sus declaraciones sobre el suceso y esto fue lo que dijeron. Martín González Martínez comentó que tiene más de 20 años trabajando en la institución y que lo han reconocido por medio de premios. Agregó que teme perder su trabajo porque él también tiene un hijo y se pone en los zapatos de la familia de Marco Antonio. Y esa es la razón por la que, dijo, declaraba para que se sepa qué paso con el estudiante de la UNAM.

Marco Antonio Sánchez Flores fue hallado cinco días después, el 28 de enero por la noche, en las inmediaciones del fraccionamiento Álamos en el municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, informó el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. Detalló que las autoridades de la CDMX recibieron aviso del paradero de Marco, gracias a una llamada ciudadana tras la conferencia de prensa que dio pasadas las 20:00 horas. Mancera explicó que a la madre del joven se le mostró una fotografía para que pudiera identificarlo. Asimismo, el procurador de la CDMX, Edmundo Garrido, explicó que Marco Antonio presentó algunas escoriaciones en la cara y cuerpo, que según la certificación médica, son lesiones que tardarán 15 días en sanar y que no ponen en riesgo su vida. Sin embargo, no se pudo obtener su declaración, ya que tras la revisión médica se determinó que se le debe aplicar una prueba psicológica.

Ante esta cadena de hechos, tanto el Gobierno de la Ciudad de México como el del Estado de México intentaron atajar la posibilidad de una acusación sobre desaparición forzada de personas. Ello, a pesar de que, de existir un verdadero Estado de Derecho sólido y robusto, este asunto tendría que haber sido investigado desde el primer momento como desaparición forzada de personas. Igual que como debió ocurrir, también desde el primer momento, con el caso de los 43 de Ayotzinapa y muchos otros casos en los que sólo las circunstancias y la presión social han logrado que se reconozcan como tales.

Desaparición forzada

Tal delito debió investigarse desde el inicio como desaparición forzada de personas, a partir de dos cuestiones: primera, la apariencia de que la posible comisión de un delito estaba relacionada con eso; y segunda, porque a la luz del principio pro persona (que señala que toda norma que protege un derecho fundamental, debe ser interpretada y aplicada en un sentido maximizador para garantizar su ámbito protector a favor de la persona sobre quien se aplica), la investigación debió ser así para considerar desde el inicio todos los factores posibles, y evitar que una investigación más limitada dejara fuera elementos que sí podrían ser luego necesarios para la configuración de un delito de esa naturaleza.
El problema es que en realidad conocemos muy poco los ciudadanos sobre esos temas, y por esa razón tenemos una capacidad limitada para exigirle a la autoridad. Fue muy eficaz, en este caso, la protesta que impulsaron diversas organizaciones para denunciar la posible desaparición forzada del menor Marco Antonio, ya que eso, la presión social, fue la que presionó a las autoridades para que apuraran la presentación del joven. Si el asunto no hubiera cobrado tal relevancia, las autoridades de los dos estados no habrían puesto celeridad en las pesquisas para la localización del joven, y esto habría quedado como uno más de los casos en los que una persona desaparece, sin que haya interés por dar con su paradero.

En esa lógica, un aspecto por demás relevante es el hecho de que desde el primer momento se denunció que quienes habrían “levantado” al joven eran elementos policiacos. Ello implicaría la participación de agentes del Estado en un evento como ese, similar a lo que ocurrió con la detención-desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Aunque en contexto los asuntos son distintos, lo cierto es que en ambos casos se trata de personas que fueron privadas de su libertad a manos de agentes que tenían la calidad de servidores públicos, lo que agrava la situación y la hace trascender de un secuestro a una cuestión encaminada a la desaparición forzada de personas.

Castigo ejemplar

Al final, en todas las formas y de todos los modos posibles, hay que rechazar y denunciar esas prácticas abominables. El delito de desaparición forzada de personas lesiona todos los bienes jurídicos y derechos de la persona sobre quien se ejerce, pero también los de su familia y de la humanidad. Por eso este no debe ser visto como un asunto menor, sino como una muestra palmaria de lo que ya no debe ocurrir. Y de ese mismo modo debe ser investigado, aclarado y sancionado.

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