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CIUDAD DE MÉXICO, 21 de junio de 2017.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares para un grupo de periodistas y defensores de derechos humanos ante una denuncia de que fueron presuntamente espiados.
En un comunicado, el organismo defensor señaló que al reunirse los requisitos de riesgo, urgencia e irreparabilidad del daño, sin prejuzgar sobre el fondo de los hechos, solicitó a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), de Gobernación (Segob) y a la Procuraduría General de la República (PGR) “implementar acciones para que en caso de poseer el sistema ‘Pegasus’ o cualquier otro que se emplee para intervenir comunicaciones de aparatos telefónicos o computadoras, se abstengan de emplearlos contra periodistas, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, así como contra cualquier otra persona contraviniendo el orden jurídico constitucional”.
Asimismo, les pidió que en caso de haberse obtenido información mediante ese tipo de programas, se abstengan de utilizarla y difundirla y sea valorada su legalidad por las instancias correspondientes, instruir a todos los servidores públicos de esas dependencias a garantizar en todo momento el libre ejercicio de la libertad de expresión de medios de comunicación y periodistas, así como la labor de defensa de los derechos humanos de activistas y organizaciones de la sociedad civil, sin contravenir en ningún momento su derecho a la privacidad.
En específico, adicionalmente, a la PGR se le requirió instruir al personal ministerial que conozca de las denuncias presentadas por los agraviados, para que realicen la investigación de los hechos con profesionalismo, exhaustividad, objetividad y diligencia.
La CNDH reitera que, si bien la intervención de las comunicaciones no está prohibida, nuestra Constitución establece que la única vía legal para hacerlo es mediante una orden judicial, por lo que contravenir ese mandato con el objetivo de conocer la vida personal y profesional, entorpecer o afectar la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, constituye una violación a derechos humanos y delito que debe ser investigado y sancionado.