Solicita CNDH protección para 4 mil personas desplazadas de Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de noviembre de 2017.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a diversas autoridades federales, estatales y municipales la implementación de medidas cautelares en favor de aproximadamente 4 mil personas de los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, Chiapas, que son víctimas de desplazamiento forzado y precipitado ante la violencia generada y que impera en esa zona como consecuencia de un conflicto entre habitantes de dichos ayuntamientos, con la finalidad de proteger su integridad física, e incluso su vida.

En atención a que se trata de personas desplazadas que dejaron sus lugares de residencia de manera precipitada para proteger su integridad física y su vida, la CNDH considera necesaria su inmediata protección y resguardo para satisfacer sus necesidades básicas al encontrarse en situación de riesgo extraordinario.

Mediante oficio dirigido al Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón; Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda; Presidenta Municipal de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, y Presidente Municipal de Chalchihuitán, Martín Gómez Pérez, se les solicita que, de acuerdo con sus competencias y de forma coordinada entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, se realice un censo de las personas víctimas del desplazamiento forzado interno por los hechos de violencia mencionados y se les garantice la satisfacción de sus necesidades básicas de alimentación, salud y alojamiento.

De igual manera, se les brinde protección y resguardo, ante el estado de vulnerabilidad en que se encuentran, y se garantice su derecho al a integridad física, e incluso su vida, y que mientras subsista el desplazamiento se prevean los lugares de alojamiento temporal en condiciones dignas y se les brinde el acceso a los servicios de salud, educativos y la orientación jurídica que requieran.

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