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JUCHITÁN, Oax., 30 de septiembre de 2016.- Las autoridades comunales de San Antonio y Benito Juárez, agencia de San Miguel Chimalapa, lanzaron un ultimátum al gobierno estatal y federal para que den fin a la tala indiscriminada de madera que están haciendo de los bosques, en el área de conservación comunitaria denominada “Cordón – el Reten”.
Tomás García Jiménez, Pedro Jairo Gutiérrez Solano, Gonzalo Velásquez Gutiérrez y Juan Velásquez Gutiérrez, autoridades de San Antonio y Benito Juárez, en un comunicado informaron que retuvieron a Ángel López Sánchez, quien se identificó como comisariado de Bienes Ejidales de Rodulfo Figueroa, Chiapas.
López Sánchez se encontraba talando con una motosierra marca Husqvarna 365 con evidencias de aserrín, y declaró que trabaja en el paraje denominado El Quebrachal, perteneciente a los bienes comunales de San Miguel Chimalapa.
Los comuneros manifestaron que desde el 22 de febrero de 2005 presentaron la denuncia ante la Delegación Estatal de la Profepa “por derribo de arbolado en el paraje denominado El Quebrachal, conocido como La Carraca”, instaurándose procedimiento administrativo bajo el exp. No. PFPA/OAX/57/0101-05/FORESTAL, y realizándose la inspección correspondiente por la que se levantó el acta no. PFPA-020-SIV-F-0242/2005.
“A pesar de eso no ha habido respeto a nuestros bienes comunales, ni a nuestros bosques, ya que ejidatarios de Rodulfo Figueroa, Chiapas, han estado talando la madera, así como los que se dicen presuntos propietarios. Este conflicto, se ha agudizado por las acciones impunes y malintencionadas de parte del gobierno federal, ya que a través de la SEMARNAT, han otorgado permisos de aprovechamientos forestales maderables en nuestros bienes comunales a quienes se dicen presuntos propietarios y dentro de nuestra zona destinada a la Conservación Comunitaria conocida como Cordón – El Reten”.
Indicó que esta zona de conservación tiene una superficie de 15 mil 328.54 hectáreas destinadas de manera voluntaria a la conservación comunitaria.
Los comuneros pidieron la instalación de una mesa con participación del gobierno de estado, el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, oficinas centrales México de la Profepa, Semarnat y PGR, en la asamblea de la comunidad de San Antonio, para que se dé fin a la tala indiscriminada.
Por acuerdo de la asamblea de comuneros de San Antonio y Benito Juárez, se otorgó un ultimátum al gobierno de Oaxaca y al gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, para que las peticiones de la asamblea sean atendidas de manera oportuna, ya que a la fecha ha habido omisión y desinterés por parte del gobierno.
También pidieron la cancelación de todos los permisos de aprovechamiento maderable otorgados en nuestros bienes comunales a ejidos chiapanecos y presuntos propietarios y respeto irrestricto al territorio comunal y a la suspensión otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el juicio de controversia constitucional 121/2012.