Terremotos: una medida urgente

OAXACA, Oax., 20 de septiembre de 2017.- La tragedia se hizo presente en la Ciudad de México y estados vecinos, sin que hasta ahora se hayan mitigado los efectos de la desgracia en Oaxaca y Chiapas.

Vivimos una situación de emergencia que amerita tomar medidas de extraordinarias.

Afortunadamente la economía presenta un superávit primario y va a ser posible atender las necesidades de recursos en los estados más golpeados.

Qué bueno que no sucumbimos a la tentación populista de gastar el dinero público en subsidiar gasolinas, pues de haberlo hecho hoy tendríamos que pedir prestado, caro y en condiciones duras, para devolver sus casas, sus hospitales y sus escuelas a los paisanos del sur.

Sí, la devastación es peor en los estados del sur, donde si no se atienden de manera ordenada minuciosa los efectos del sismo puede haber un estallido social.

No se trata de minimizar el terremoto de ayer en la Ciudad de México y estados aledaños que también demandan atención, y es un consuelo ver, dentro de todo lo desgarrador de la desgracia, que la sociedad civil hace lo suyo y las autoridades también.

Aquí hay estado de derecho, aseguradoras, brigadas de rescate, dotación de ambulancias y una gran cantidad de hospitales y clínicas.

Fue una tragedia y vamos llorar a nuestros muertos. Nos duele, es nuestra ciudad. Pero de esta vamos a salir con mayor facilidad que en los sismos del 85, en los que hubo diez mil víctimas fatales y las autoridades tardaron días en reaccionar.

En los estados del sur, sin embargo, no tienen nada de lo que aquí tenemos.

Hay que convertir este momento de tragedia en el revulsivo para sacar del atraso a esas entidades e impedir que sigan en manos de grupos políticos violentos por falta de Estado y falta de orden.

No le hemos tomado el peso al impacto político del terremoto en Chiapas y Oaxaca. Hay millones de damnificados que necesitan comer todos los días, dormir bajo techo, reconstruir sus casas, contar con un trabajo remunerado y rehacer su vida. Muchos lo perdieron todo.

Hasta ahora la reacción solidara de la sociedad ha sido ejemplar. Muchas empresas y bancos también han puesto lo suyo. El gobierno ha paleado la situación y el Ejército y la Marina socorren a la población en las regiones dañadas.

Muy bien, pero después… qué. Va a llegar un momento en que ya no se manden latas de atún. Y que deban reconstruirse las viviendas.

Si Chiapas y Oaxaca quedan a la deriva va a haber convulsión social.

Es preciso que el gobierno federal nombre un Comisionado para la Reconstrucción en esos dos estados, que tome el mando de toda la ayuda, vigile que no se haga mal uso de ella, y tenga en sus manos los recursos y el personal para realizar las tareas en el corto y mediano plazo.

Muchos esfuerzos dispersos son útiles en la urgencia del día, pero después hay que ordenar. Y Oaxaca y Chiapas van a tardar años en recuperarse.

Chiapas tiene elecciones de gobernador y al igual que Oaxaca y el resto del país será campo de batalla de las elecciones presidenciales.

Van a pulular las ayudas partidistas, los pescadores en río revuelto y los clientelismos de todo tipo. Así no se va a poder reconstruir nada y tendremos descomposición social.

Tiene que haber una autoridad central, con todo el mando de la Federación para coordinar los esfuerzos de las dependencias estatales, municipales y nacional.

Incluso debe plantearse la necesidad de un Comisionado transexenal, si los trabajos de reconstrucción así lo requieren.

Y que el Ejército y la Marina se encarguen del orden por el tiempo necesario. Sin estado de derecho eso no va a funcionar.

El dinero del gobierno y de las aportaciones ciudadanas y de personas morales, a la reconstrucción en condiciones dignas y con apego a normas de seguridad.

Los maestros, a dar clases y no a incendiar camiones ni tomar carreteras.

Y un Coordinador civil enviado por el gobierno federal, que actúe por encima de los pleitos políticos inherentes a las campañas electorales.

Es hora de actuar.