Tiro de gracia

Lo que mal empieza, peor acaba. Culmina el cambio de régimen con un trompicado proceso electoral marcado por el fraude y la abstención. La reforma judicial no fue mandato popular, como aseguraban, sino la expresión más descarnada de la incontenible ambición de poder del grupo gobernante.

Acabaron con el último dique que quedaba en pie frente al despotismo para ponerlo a su servicio sin detenerse a pensar en las consecuencias. Es verdad que aun falta la impugnación a la elección y a ésta le sobra tela de donde cortar, pero si llegamos a este punto es porque capturaron a instituciones que debían velar por la democracia y la acuchillaron por la espalda.
La pelea jurídica contra esta farsa debe darse hasta el final, con convicción y rigor, analizando de principio a fin las abundantes fallas, trampas y delitos, aun cuando, tal y como aconteció con la elección judicial, conozcamos el resultado de antemano. Se quedarán con todo el poder, sin más límite que su inexistente autocontención, pero tendrán que lidiar con la ilegitimidad del régimen. La autocracia se afianza, pero los ropajes democráticos con los que han pretendido ocultarla están hechos jirones, aunque, como siempre, el rey que camina desnudo sea el último en enterarse.
En el mejor de los casos, 87% de los ciudadanos decidió no votar. Y es previsible que el alto número de sufragios nulos y en blanco reduzcan a un dígito la cifra de participación efectiva. No quisieron buscar consensos para reformar al Poder Judicial ni tampoco pudieron darle respaldo popular a tan radical medida que, si usamos correctamente el lenguaje de la teoría política, se trató de un golpe de Estado.
El caudillo de la facción dominante mandó modificar en solitario los fundamentos constitucionales de la República para barrer con los límites a su voluntad y perpetuar la permanencia de su grupo en el poder, mediante una espuria mayoría calificada que no obtuvo en las urnas, sino con la distorsión de la representación de la voluntad popular, en descarada violación de la Constitución, respecto a la Cámara de Diputados; y recurriendo a la vil compra y chantaje, negociando hasta con órdenes de aprehensión, para cooptar legisladores en el Senado. Y no es menos grave lo que se cuenta que hicieron para doblar al único ministro independiente que se unió a las tres incondicionales del régimen; su voto fue decisivo para evitar que la declaración de inconstitucionalidad.
El multicitado Diccionario de Política de Bobbio, Matteucci y Pasquino anota que, en la tradición clásica francesa, el golpe de Estado se define como “una violación deliberada de las formas constitucionales por un gobierno, una asamblea o un grupo de personas que detentan autoridad” 1 . Queda como anillo al dedo al cambio de régimen operado por López Obrador. No fue un cuartelazo, se dio con la corrupción de instituciones mediante el sometimiento faccioso de integrantes de sus órganos directivos.
Ahora que el golpe está dado y salivan con el botín que tienen en sus alforjas, deberán hacerse cargo de las consecuencias y asumir los costos. Ya nadie verá a la justicia en México como interpretación imparcial de la ley, sino como expresión de la voluntad política y resultado de compromisos adquiridos… o por adquirir. La improvisación, inexperiencia y pago de facturas generará caos e infinidad de casos se definirán tras bambalinas y mediante el ejercicio de la única libertad que se pueden permitir: la de comercio. Los perdedores en los fallos verán mano negra y la politización de los juzgadores enrarecerá el clima. Legalizan la arbitrariedad a costa de gobernabilidad.
Un régimen así no genera confianza y los empresarios a quienes les dicen que no hay nada de qué preocuparse, porque son amigos del poder, se preguntarán qué les pasaría si dejaran de serlo. La crisis económica en puerta no es entorno propicio para la transición hacia un sistema de justicia cuestionado y sin credibilidad. Por eso la imagen de soldados irrumpiendo en el Multiforo Alicia para cancelar un concierto repleto de jóvenes resulta premonitoria.

1 Norberto Bobbio, Nicola Matteucci, Gianfranco Pasquino, diccionario de Política,
Siglo XXI, duodécima edición en español, 2000, p. 724.