TLC: claroscuros para el campo

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de febrero de 2018.- En el marco del actual proceso de renegociación del TLCAN, se ha abierto la oportunidad de analizar el saldo que hay para los tres países y para sus propios actores económicos.

En México, diversos sectores han sido beneficiados, principalmente el manufacturero.

En el sector agroindustrial también existen claros ganadores, como los productores de cerveza, tequila, hortalizas y carne de res, que concentran más de 40% de las exportaciones sectoriales.

El éxito exportador se ha traducido en superávits comerciales frente a sus socios y en un creciente flujo de intercambios. Estos éxitos de la especialización productiva, se explican en buena medida por una estrategia de política pública de orientar apoyos e incentivos hacia esos sectores.

Sin embargo, dicha estrategia no contempló apoyos a ciertas actividades agropecuarias que gradualmente se hicieron inviables y tendieron al abandono. En los productos que perdieron peso, se encuentran varios de la canasta básica (arroz, leche, soya, trigo, etc.). Como consecuencia, la producción de alimentos sólo alcanza a satisfacer 60% de la demanda interna. Esto implica un riesgo para la seguridad alimentaria del país, ya que las recomendaciones de la FAO marcan que se debe cubrir internamente al menos 75% del consumo alimentario. Este desequilibrio también tiene impactos inflacionarios sobre la canasta básica, cuyos precios han tendido a estar por encima del índice general, provocando también una pérdida significativa del poder adquisitivo para las familias más vulnerables, tal como lo muestran las estimaciones del Coneval.

Hasta el momento no se han concretado estrategias efectivas de apoyo a los productores del sector social rural, para que puedan participar exitosamente en los mercados internacionales, ni tampoco políticas para reducir los riesgos de la seguridad alimentaria. Ante este escenario es que presenta una baja productividad, explicada por pobres cualificaciones de mano de obra, donde más de 60% apenas cuenta con el nivel primaria, por lo que apenas alcanzan en promedio 4 mil pesos mensuales de ingresos, lo que a su vez explica en parte que se tengan los indicadores más altos de pobreza y desigualdad del país.

Para hacer frente a este desafío es necesario entender que la política sectorial, no debe seguir comprometiendo la seguridad alimentaria nacional ni generando desigualdades en el sector, sino que deben orientarse hacia un desarrollo justo e incluyente. Lo anterior pasa necesariamente por elevar la productividad de los pequeños productores, a través de ampliar las oportunidades de educación, capacitación y organización; garantizar un mejor acceso a los apoyos públicos, incentivar el acceso al financiamiento, tecnología y promoción de la innovación. Igualmente, se requiere apoyarlos para que se conviertan en proveedores capaces y confiables para los mercados internacionales, para que así puedan finalmente participar de sus beneficios.

Fuente:
El Heraldo